PRINCESA SÁNCHEZ. MARBELLA
La mayor trama de corrupción política y urbanística desarticulada en España dejó un agujero multimillonario en las arcas públicas de Marbella. Hasta tal punto, que las pérdidas son a día de hoy "incalculables". Pero el juicio por el ´caso Malaya´ se acerca y, para reclamarlas, Marbella tiene que cifrar su daño. Ayer se supo que será "muy superior" a los 500 millones de euros.
Es una cantidad "evidente" de partida, para el portavoz municipal, Félix Romero. No en vano, es justamente la deuda que el Ayuntamiento tiene pendiente de pago. En total, 512 millones sin contar los intereses. "Es un dinero que debía haberse quedado en las arcas municipales y que realmente no está", explicó el también segundo teniente de alcalde. Pero no es el único.
Indemnización. "El perjuicio debe ser muy superior a esa cifra", avanzó ayer Romero. A esta suma hay que añadirle una importante indemnización por aquellas negociaciones que se efectuaron "por debajo de la mesa", en referencia a los convenios urbanísticos suscritos por el gobierno municipal del GIL.
Para Romero, está claro que "los parques no están donde tenían que estar". Ahora, lo difícil es calcular "el precio de una licencia de obras que impide que haya un parque donde ahora hay un inmueble", reconoció el portavoz municipal.
El Ayuntamiento, y en concreto, su servicio jurídico, elabora un criterio "asumible" por parte de los tribunales para traducir en números la falta de equipamientos que padece la ciudad actualmente, después de 15 años de mandato del Grupo Independiente Liberal.
El Tribunal de Cuentas ya cifró el perjuicio ocasionado a los ciudadanos en 2.669 euros por cada uno de sus 132.662 habitantes censado, en el último informe de fiscalización del Ayuntamiento marbellí. En total, un desequilibrio financiero de alrededor de 335 millones de euros, que se dejaron de invertir en Marbella.
Por otra parte, el servicio municipal de gestión patrimonial se dedica "prácticamente en exclusiva" a efectuar la valoración correspondiente sobre los bienes embargados en el transcurso de la investigación y sobre "todo aquello que está claramente definido como perjuicio dentro del procedimiento", añadió Romero. La cifra resultante establecerá la consideración municipal acerca de los daños ocasionados. "Luego serán los jueces los que tengan que pronunciarse al respecto", recordó Romero.
Se refirió a la sentencia emitida por la Audiencia Nacional sobre el ´caso Saqueo I´, ratificada por el Tribunal Supremo. "El Ayuntamiento reclamó 35 millones de euros y finalmente se quedaron en 24", añadió.
La Audiencia Provincial prevé iniciar el juicio por el ´caso Malaya´ el próximo julio. Una fecha precipitada para algunos abogados defensores en la causa, que cuenta con 98 procesados. Una sala especialmente habilitada acogerá el ´macro juicio´ contra el caso de corrupción jamás investigado en el país.
