El alcalde de Canillas de Albaida, Antonio Gregorio Díaz (PP), y el ex regidor de Salares y concejal del PP en el municipio malagueño, Jorge Luis Fernández, no dimitirán de sus cargos, después de haber sido condenados por delitos urbanísticos.

El presidente del PP en Málaga, Elías Bendodo, ha informado hoy a los periodistas de que tanto Díaz como Fernández recurrirán sus sentencias y ha afirmado que su partido no adoptará ninguna decisión sobre ellos hasta que no haya un pronunciamiento judicial firme.

"Los partidos políticos están para hacer política y los jueces son los que tienen que administrar justicia", ha señalado Bendodo, que ha criticado la actitud que mantenía el PSOE con la expulsión de alcaldes y concejales nada más conocer si eran imputados.

"El PSOE no interpreta que los partidos nunca deben asumir las funciones del poder judicial, pero ahora parece que han vuelto a la lógica", ha añadido el presidente del PP malagueño, que ha visitado el municipio de Vélez-Málaga.

El alcalde de Canillas de Albaida ha sido condenado por el Juzgado de lo Penal número 5 de Málaga a siete años de inhabilitación para cargo público de concejal o alcalde, y a una multa de quince meses por un delito de prevaricación urbanística.

El tribunal considera aprobado que el alcalde concedió una licencia de obras de una vivienda unifamiliar en suelo no urbanizable "con grave incumplimiento de la normativa reguladora de la concepción de licencias", según la sentencia.

Por su parte, el ex alcalde de Salares y concejal en el Ayuntamiento ha sido condenado ha sido condenado por el Juzgado de lo Penal número 7 de Málaga a un año de prisión y ocho de inhabilitación para empleo o cargo público por un delito contra la ordenación del territorio.

En la sentencia a la que ha tenido acceso Efe, el juez considera como hechos probados que Fernández tenía pleno conocimiento de unas obras irregulares para la construcción de una vivienda unifamiliar ejecutadas en el paraje "El Pino" entre 2001 y 2007 sin la correspondiente licencia y en suelo no urbanizable.

El ex regidor, "plenamente consciente de la ilegalidad de los trabajos", hizo caso omiso a las advertencias de la secretaria municipal y a las denuncias interpuestas por el propietario de una parcela situada junto a la que se desarrollaron las obras.