Marbella podrá recuperar otros 18 millones de euros. El Tribunal de Cuentas ha condenado a varios ex concejales del Ayuntamiento y a antiguos responsables de la empresa municipal Gerencia de Compras y Contratación a devolverle a la ciudad esta suma. Entre ellos, al ex alcalde Julián Muñoz y al ex asesor urbanístico Juan Antonio Roca.
La sentencia, que no es firme, responde a una reclamación concreta englobada en el ´caso Monteverde´. Este procedimiento judicial investiga el desvío de 42 millones de euros desde las arcas públicas de Marbella a empresas relacionadas con el arquitecto madrileño Carlos Monteverde Gavilanes, en concepto de proyectos que nunca llegaron a ejecutarse.
Facturas. "La primera parte de los proyectos, que nunca se realizaron pero que se cobraron, se empezaron a facturar y a cobrar con cargo a esta sociedad", explicó ayer el portavoz municipal, Félix Romero. Posteriormente, los cargos se cobraron directamente al Consistorio, añadió.
El fallo judicial establece una condena de 12,8 millones de euros, que considera defraudados a esta sociedad. A esta cantidad, hay que sumarle otros cinco millones, en concepto de intereses generados durante la resolución de la causa.
El montante global, cercano a los 18 millones, es la cantidad que deberán abonar en total –además de Muñoz y Roca–: el abogado Modesto Perodia, el ex contable Antonio Callejas y los ex ediles Esteban Guzmán, Francisco Javier Lendínez y María Luisa Alcalá Duarte, entre otros, detalló.
Todos ellos "tenían a su disposición" los fondos de la sociedad municipal cuyo desembolso "no quedó debidamente justificado de acuerdo con la resolución judicial", afirmó el representante del gobierno municipal del PP.
Para recuperar este dinero, el Ayuntamiento de Marbella tiene previsto recurrir a la lista de bienes embargados en los distintos procedimientos judiciales que afectan a la localidad malagueña. Como pueden ser el ´caso Saqueo´ o la operación ´Malaya´.
"Comenzaremos la traba de embargos de bienes localizados para lograr satisfacer ese dinero", señaló Romero. Eso sí, "siempre que no exista recurso por parte de los condenados", aclaró. Sobre esta sentencia cabe recurso de apelación.
Con o sin recurso, el gobierno municipal del PP mantiene un acuerdo con la Tesorería de la Seguridad Social y con la Agencia Tributaria para saldar la deuda pública de la ciudad, que asciende a 280 millones de euros.
En virtud de este pacto, el Ayuntamiento cedía los derechos de cobro de todas aquellas sentencias que le resultaran favorables a sus intereses. Esta última es un claro ejemplo.
El portavoz municipal recordó que tanto la Seguridad Social como Hacienda cuentan con más medios para garantizar el cobro. No obstante, "hay que ponerse en el peor de los escenarios posibles", concluyó.
