El Colegio de Abogados de Málaga anunció hoy que, de forma unánime, se adoptó en la Junta de Gobierno de dicho órgano colegial, comunicar a la Fiscalía cómo se llevó a cabo la detención del profesor de la Facultad de Derecho de la Universidad de Málaga (UMA) el pasado 9 de julio a raíz de las investigaciones realizadas por el caso 'Cátedra', una operación relacionada con el urbanismo, ya que consideran que "la actuación vulneró garantías constitucionales por la forma en que fue practicada".

En la operación, además del profesor fueron arrestados el alcalde del municipio malagueño de Villanueva de la Concepción, Ernesto Silva (Foro Andaluz), y un abogado con despacho en Málaga. Los tres quedaron en libertad provisional con cargos y sin fianza.

Según anunció el Colegio en un comunicado, el artículo 520.1 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal establece que "la detención y la prisión provisional deberán practicarse en la forma que menos perjudique al detenido o preso en su persona, reputación y patrimonio" y, a su juicio, "obviamente en esta ocasión se ha producido justamente lo contrario".

Así, explicaron que la instrucción de la Fiscalía General del Estado 3/2009, de 23 de diciembre, sobre control de la forma en que ha de practicarse la detención, "expresamente recoge que el detenido debe ser protegido de la curiosidad del público y de una excesiva publicidad. Especialmente debe evitarse que aparezca esposado frente a los fotógrafos y las cámaras de televisión".

El Colegio de Abogados de Málaga viene denunciando "de manera constante y reiterada la pérdida de valores y garantías constitucionales que supone la actuación innecesariamente espectacular de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado cuando efectúan detenciones enmarcadas en asuntos que pudieran calificarse de mediáticos".

En este sentido, indicaron que "en estos casos nos sorprenden con operaciones espectaculares por el despliegue de un gran número de agentes, empleo de medios materiales inusuales y presencia desde el primer instante de los medios de comunicación, que obviamente son previamente advertidos o de inmediato avisados".

Para el Colegio de Abogados, este tipo de actuaciones "no se produce contra personas sorprendidas en delito flagrante o que en ese momento supongan peligro para la seguridad de otros ciudadanos" y añadieron que "esa provocada espectacularidad no está amparada en la Ley, al contrario, vulnera y perturba gravemente nuestro Estado de Derecho y la confianza que todos debemos tener en que las instituciones preserven nuestros derechos y libertades".

Además, hicieron hincapié en que "es irrelevante" que la persona detenida resulte posteriormente condenada o no, imputada o no, "lo relevante es el derecho declarado en nuestras leyes de que si es necesaria la detención se realice de forma discreta".

"Cuando se producen detenciones espectaculares se incita de manera evidente al juicio paralelo y a la condena pública, sin posibilidades reales de defensa ni forma posible de restituir el honor", explicaron.

Hechos

Los hechos a los que hace referencia el Colegio de Abogados ocurrieron sobre las 13.30 horas, cuando se personaron en la Facultad de Derecho, situado en el campus universitario de Teatinos, 10 efectivos de la Guardia Civil, que se identificaron al entrar y solicitaron hablar con la decana del centro, Yolanda García.

Posteriormente, a la decana le comunicaron que tenían orden de entrada y registro del despacho de uno de los profesores, facilitándoles todo tanto García como el profesor. Tras esto, se procedió a comunicar al docente su detención.

Mientras y casi de manera simultánea a la llegada de la Guardia Civil al centro, acudieron numerosos periodistas, por lo que a la vista de "la escasa discreción" que suponía su presencia en el centro para alumnos, el claustro de profesores y el propio detenido, la decana "cerró la Facultad, desalojando a la prensa, que permaneció en la entrada del edificio".

Tras la detención, la dirección del centro solicitó que el detenido, dado el numeroso grupo de periodistas congregados en la entrada del edificio, fuese conducido a los aparcamientos y allí introducido en el vehículo policial, "a fin de evitar las imágenes que con toda seguridad provocaría su conducción por la puerta principal".

Sin embargo, el mando de la Guardia Civil "se negó, dando como excusa que el furgón policial no podría entrar en los aparcamientos", aunque, según el Colegio de Abogados, a la vista de las fotografías publicadas de los vehículos policiales aparcados a la puerta de la Facultad, vehículos todoterreno de pequeño tamaño, "es evidente que podían perfectamente entrar en el aparcamiento del centro".

Asimismo, se comunicó que a los aparcamientos se accede desde la primera planta de la Facultad, directamente por ascensor y que podría llegarse hasta el furgón por la puerta lateral del 'parking', con toda discreción y seguridad, o que podía trasladarse al detenido en un vehículo policial de menor tamaño que un furgón, un coche patrulla.

Aunque, según precisaron, "cualquier alternativa fue rechazada" y "ni tan siquiera se planteó la posibilidad de salir por alguna puerta", ubicada en otra parte del edificio; al contrario, "el detenido fue esposado y conducido por los pasillos hasta la puerta principal, donde se encontraba congregada la prensa, y "así hasta el vehículo policial situado en el exterior del edificio, esposado, tirado de las esposas por un agente, y hasta el interior del coche donde también se permitió que fuese fotografiado, como aparece en las imágenes de prensa".

Por último, apuntaron que "las fotografías hablan por sí solas, pero llama poderosamente la atención la fila de periodistas que se forma desde la puerta de la Facultad hasta el furgón policial, o las imágenes del detenido esposado mientras un agente tira de él cogiéndolo de las esposas".