FRAN EXTREMERA. TORROX.
El Ayuntamiento de Torrox dio a conocer ayer, en comisión informativa, el borrador presupuestario para 2010, que a priori será aprobado en pleno la próxima semana. Destaca que el capítulo de ingresos suma un total de 32,5 millones de euros, frente a 29 del correspondiente a gastos, por lo que generará unos beneficios de alrededor de 3,5 millones para las maltrechas arcas municipales, debido a la crisis del sector del ladrillo. Pero llama la atención también que vincule las inversiones a la enajenación de fincas públicas.
El concejal de Hacienda, Alfonso Márquez (PIU), no presentará al detalle las nuevas cuentas municipales hasta mañana miércoles, si bien dejó sobre la mesa la difícil situación económica que atraviesa la sociedad española en general y, en el ámbito local, las administraciones locales. La reducción en el capítulo de transferencias estatales ha «ahogado» las economías municipales, hasta el punto de que es totalmente imprescindible vender suelo para intentar a corto plazo desbloquear nuevos proyectos.
El Consistorio torroxeño confía en poder impulsar con su nuevo presupuesto un total de nueve millones de euros en inversiones, al tiempo que reconoce que las mismas no serán viables si no se recaudan unos 12 millones por enajenación de fincas municipales. Aunque hay parcelas que se han intentado vender sin éxito, sí que va a ser posible parte de esa recaudación a partir de la venta de plazas de aparcamiento en las instalaciones que se acaban de construir en pleno casco histórico, más concretamente en El Pontil.
De casi 300 estacionamientos existentes, la intención del equipo de gobierno pasa por vender como mínimo dos tercios del total. Según fuentes municipales, las posibilidades están limitadas como nunca: «La crisis no nos permite otros planteamientos, debemos ajustarnos a la realidad del municipio», reconoció ayer, por ejemplo, el portavoz del PP y concejal de Protección Civil y Bienestar Social, Manuel Martín.
Entre las partidas que más se verán mermadas para este ejercicio figuran la correspondiente a ingresos por impuestos, hasta quedar limitada a unos ocho millones, al igual que la del gasto corriente, como vía de escape para compensar la falta de mayores recaudaciones.