Una veintena de promotores negocian la regularización de sus inmuebles en Marbella. Es la misma cifra que lo hacía en julio, un mes y medio después de que entrara en vigor el nuevo Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) de Marbella. Todo ello, a pesar de que, también en julio, la junta de gobierno local aprobó reducir en un 75% la cuantía de las sanciones urbanísticas.
La rebaja, recogida en la Ley de Ordenación Urbanística de Andalucía, «facilita mucho más las cosas», indicó el concejal de Urbanismo marbellí, Pablo Moro. El edil reconoce que ha aparecido algún que otro promotor mas para interesarse por regularizar su situación. No obstante, recuerda que acaba de pasar el verano. El Ayuntamiento retoma ahora las conversaciones después de los meses vacacionales.
La normalización y la reducción de las sanciones urbanísticas son dos procesos relacionados pero independientes. En cuanto al proceso de legalización, el PGOU establece un período de un año para que tanto las comunidades de propietarios como los promotores puedan negociar voluntariamente las compensaciones que deberán pagar para legalizar sus viviendas.
Sanciones
Cualquier ciudadano multado por el Consistorio tras haber cometido una irregularidad urbanística puede acogerse a la oferta municipal. Para ello, su inmueble debe ser legal o estar incluido en el proceso de legalización que establece el nuevo planeamiento.
La reducción del 75 por ciento de la cuantía de la sanción le obliga a aceptar su responsabilidad y a renunciar a iniciar cualquier acción administrativa o judicial en contra de la administración local. También, a regularizar su casa.
Marbella acumula 16.500 viviendas pendientes de normalizar. El sistema de compensaciones, establecido en el PGOU, pretende recuperar parte de esas potenciales áreas libres y equipamientos públicos que fueron sustituidos en su día por bloques de edificios. La dificultad radica en que, para ello, alguien tiene que vender las parcelas que el planeamiento dibuja como infraestructuras públicas y alguien, después, tiene que comprarlas.
El gobierno del PP en Marbella es optimista y cree que los pasos dados hasta el momento son los acertados. La Junta de Andalucía le apoya. No en vano, ambas instituciones aprobaron el Plan General el pasado enero.
Quienes no están tan satisfechos son los dueños de los inmuebles ilegales. Incluso, aquellos cuyas propiedades pueden legalizarse.
El Consistorio les asegura que se limitará a perseguir a los promotores, transcurrido el año de negociación voluntaria, y nunca a los llamados terceros de buena fe. Sin embargo, los meses transcurren sin novedad.
Mientras, el PGOU sigue en trámite. Es un documento «vivo» que aún se corrige. Por delante, quedan al menos ocho años de gestión.
