El alcalde de la localidad malagueña de Alhaurín el Grande, Juan Martín Serón (PP), y otras 19 personas serán juzgadas por el "caso Troya", contra la presunta trama de corrupción urbanística en el municipio, por la sección octava de la Audiencia Provincial de Málaga a partir del 22 de septiembre.
Fuentes cercanas al caso han explicado a Efe que las sesiones se celebrarán previsiblemente los jueves y viernes y han indicado que la vista oral puede durar algo más de tres meses.
Además del regidor están acusados el concejal de Urbanismo de la localidad, Gregorio Guerra (PP), varios funcionarios del Ayuntamiento, un asesor jurídico del Consistorio, así como empresarios y promotores.
La Fiscalía solicita en sus conclusiones provisionales cuatro años y medio de prisión y 19 de inhabilitación para el alcalde, por cinco delitos de cohecho pasivo y uno prevaricación omisiva y le solicita multa de 500.000 euros.
Para el concejal de Urbanismo, pide siete años y medio de prisión y 21 años de inhabilitación por once delitos de cohecho pasivo y catorce contra la ordenación del territorio, así como una multa de 1,6 millones de euros.
Según el ministerio público, en el Ayuntamiento de Alhaurín el Grande al menos desde 2002 ha venido funcionando una trama cuyo objetivo era "obtener el enriquecimiento personal ilícito de ciertas autoridades municipales".
La trama "consistía en ofrecer a los empresarios y promotores inmobiliarios que estuviesen interesados la posibilidad de obtener una mayor edificabilidad respecto de la legalmente prevista en la norma de planeamiento municipal a cambio de la oportuna retribución económica".
El fiscal precisa que al frente de dicha trama está el edil de Urbanismo, "quien se encargaba de negociar las nuevas condiciones urbanísticas a aplicar a los proyectos de obras y las contrapartidas a abonar por los empresarios, recaudando los fondos procedentes de tales pagos y llevando personalmente su contabilidad".
El ministerio público indica que estos pagos "aparecen recogidos en ciertas anotaciones manuscritas, así como en archivos informáticos intervenidos" al concejal en el registro que tuvo lugar el 19 de enero de 2007 en su despacho oficial en el Ayuntamiento.
Según el fiscal, dicho acusado "había tasado el precio a pagar por el incremento en metros de edificabilidad y del número de viviendas respecto de lo legalmente establecido, de modo que el metro cuadrado de techo de más se cifraba en 80 euros, mientras que a la vivienda proyectada en exceso se aplicaba 6.000 euros".
El escrito añade que "consecuencia de ello es el importante lucro que se aseguraban aquellos empresarios y promotores que se prestaban a efectuar dichos pagos a las autoridades municipales por la obtención de las licencias de obras ilegales".
La Fiscalía señala que "en la trama se integraban funcionarios del Ayuntamiento que tenían que informar en licencia de obras".
En este sentido, habla de un asesor jurídico del Consistorio que, "pese a conocer que los proyectos de obra resultaban incompatibles con el planeamiento municipal, y venir informados negativamente por el arquitecto municipal, procedía a informar siempre a favor".
El ministerio público asegura que "estos hechos eran conocidos por el alcalde, quien va a permitir la conducta delictiva en su concejal de Urbanismo, si bien obteniendo, a cambio de su silencio, la oportuna participación en el dinero así conseguido".
Respecto a 16 acusados, el fiscal considera que han incurrido en delitos de cohecho activo y contra la ordenación del territorio y pide para ellos diversas penas de prisión, y a otros dos les imputa delitos contra la ordenación del territorio.
