Juan Martín Serón, alcalde de Alhaurín el Grande (PP), siempre ha defendido que su imputación en el «caso Troya» contra la corrupción urbanística en la localidad ha sido política. A esta argumentación, ha unido otra: pasa de proponer prueba alguna para el juicio. Ni testigos ni informes que desvirtúen las tesis del fiscal Anticorrupción Juan Carlos López Caballero. Ni triquiñuelas. Según afirma su abogado en el escrito de defensa, no sabe de qué se acusa a su cliente: el escrito del ministerio público es genérico, «vago». Serón pasa de las pruebas. Y se la juega. Sin red.
Ello coloca en indefensión a Serón, según el letrado, quien explica: «La acusación omite toda referencia al hecho concreto».
Anticorrupción habla de una trama instalada en el Consistorio que, al menos desde 2002, trataba de apuntalar el enriquecimiento ilícito de ciertas autoridades municipales. Según el fiscal, los hechos eran conocidos por el alcalde, quien permite la conducta delictiva de José Gregorio Guerra, edil de Urbanismo, factótum del Consistorio. «Si bien obteniendo a cambio de su silencio la oportuna participación en el dinero así conseguido».
Se acusa al regidor de cinco delitos continuados de cohecho pasivo -de dejarse sobornar- y de un ilícito de prevaricación omisiva. La tesis defensiva viene a ser: ¿cuáles son los actos administrativos que torció o dejó torcer el regidor? ¿Qué sumas concretas cobró por cada una de esas decisiones u omisiones?
Así, Anticorrupción sigue insistiendo en que en el domicilio de Serón se hallaron 64.780 euros en efectivo; más otros 7.000 en su despacho. En las cuentas bancarias, se localizaron ingresos de más de 50.000 euros entre 2002 y 2006. Su esposa, Teresa Santos, siempre según el escrito de la defensa, que cita el del fiscal, ingresó en sus cuentas hasta 30.000 euros en efectivo durante 2006 en sólo seis operaciones.
En concreto, se atribuye al alcalde la percepción de 238.785 euros por parte de Guerra.
«Sin tener en cuenta que sobre dicha persona no se ha formulado acusación alguna, habiéndose dictado en su favor el correspondiente auto de sobreseimiento», aclara el defensor.
Fuentes judiciales aseguran que la defensa ha sido advertida de la enorme dificultad que entraña afrontar un macrojuicio como éste, con 20 acusados, sin ninguna prueba de parte. Pero la defensa persiste. Si se analizan las pruebas de otras defensas, se puede observar la petición de innumerables periciales para justificar gastos o expedientes urbanísticos, y la proposición de numerosos testimonios.
«A mi mandante ni siquiera se le ha determinado el hecho concreto en el cual se aprecia su participación omisiva y la cantidad percibida por dicha permisividad», añade el abogado en el documento. Ello no ha de ser entendido como una autoinculpación o «como una salida o subterfugio procesal tendente a enturbiar el proceso o enmascarar la responsabilidad penal», aclara.
Recalca su inocencia, califica de «incierta» la participación en la trama: «No conoce ni sabe a qué conductas de corrupción por cohecho y prevaricación se está refiriendo el fiscal», apunta.
De hecho, en sus comparecencias judiciales, tras ser detenido en enero de 2007 y en octubre del mismo año, se le interrogó por el dinero hallado en su despacho y en su domicilio, ampliándose después el asunto a su capacidad de ahorro. «Nunca se ha formulado, en toda la instrucción, un hecho concreto y determinado contra Martín Serón». Sólo se podrá agarrar a las pruebas de descargo de sus compañeros.
Un juicio de tres meses y 25 sesiones
El juicio por el «caso Troya» arrancará el próximo 22 de septiembre. Los veinte acusados por su presunta implicación en esta trama de corrupción urbanística deberán soportar 25 sesiones en la Sala número cuatro de la Ciudad de la Justicia, donde actualmente se celebra «Malaya». Este juicio seguirá desarrollándose de lunes a miércoles, mientras que «Troya» ocupará a los encartados los jueves y los viernes, principalmente.
Aquí se trata de determinar si en Alhaurín el Grande existía una trama de funcionarios y autoridades municipales que cobraba por favores urbanísticos a promotores y particulares. Incluso, a lo largo de la instrucción se supo que se habían establecido tarifas según la ilegalidad urbanística a cometer: por exceso de edificabilidad o vivienda de más. Los protagonistas, como casi siempre, lo niegan todo y ven detrás la larga mano del PSOE.
Lo cierto es que una de las sesiones más importantes se vivirá el 3 de noviembre, cuando declare José Burgos Leiva, testigo de cargo de la Fiscalía que se ha cruzado alguna que otra querella con el regidor.
La detención del alcalde, en un mitin que Mariano Rajoy dio en 2007 en Marbella, despertó las suspicacias de los populares. De cómo se defienda Serón dependerá que sus reflexiones se carguen de razón.
