Con indignación. Así han recibido los alcaldes del Partido Popular la noticia sobre el decreto que los parlamentarios andaluces del Partido Socialista y de Izquierda Unida piensan sacar adelante para impedir que los alcaldes puedan tener a la vez representación en la Cámara regional.
Los tres regidores malagueños a los que afectaría esta decisión, Ángeles Muñoz (Marbella), Esperanza Oña (Fuengirola) y Francisco Delgado Bonilla (Vélez Málaga), han reaccionado criticando duramente el anuncio del presidente de la Junta de Andalucía, José Antonio Griñán.
La primera de ellas manifestó ayer su disconformidad con el acuerdo entre PSOE e IU, que calificó de «barbaridad; una decisión absolutamente lamentable». Para Ángeles Muñoz, todo obedece a una estrategia de los socialistas ante la inminencia de las elecciones autonómicas para que puedan perpetuarse en el poder.
«Ante el descalabro del PSOE en los pasados comicios municipales, lo único que se les ocurre es callar la voz de los alcaldes de las principales ciudades de Andalucía para tener un parlamento adormecido en el que no se les rechiste», indicó.
En términos más contundentes se expresó la alcaldesa de Fuengirola, Esperanza Oña, quien calificó el decreto de «castigo contra los ciudadanos andaluces». Para la portavoz del PP en el Parlamento andaluz no hay «ninguna razón posible» para que se decrete que los alcaldes no puedan ser parlamentarios en la Junta de Andalucía.
«Están callando la voz de los alcaldes. Es absurdo porque existe una relación muy directa entre los municipios y la Junta», dijo la regidora fuengiroleña.
Oña se mostró, igualmente, indignada con el hecho de que el documento autonómico sí permita que los concejales puedan optar a ser parlamentarios andaluces. De esta manera, recordó que mientras que el PP tiene diecisiete alcaldes en el Parlamento el PSOE no tiene ninguno.
«No hay duda de que es una revancha implacable de los socialistas por haber cosechado un mal resultado en las últimas elecciones municipales. Es una ley a la carta para el PSOE», concluyó.
Francisco Delgado Bonilla, por su parte, tampoco tuvo palabras positivas hacia la nueva normativa. El regidor veleño fue más allá, incluso, y sostuvo que ve «visos de inconstitucionalidad» en el acuerdo bipartito.
Tanto Delgado Bonilla, como Muñoz y Oña, renunciaron a su sueldo como alcaldes, percibiendo así su retribución como parlamentarios «por lo que tampoco se puede entender como una medida de austeridad», declaró el regidor de la capital axárquica.
