Un estudio realizado por la Universidad de Málaga (UMA) sobre el impacto socioeconómico de la construcción del Anillo Ferroviario de Ensayo y Experimentación proyectado en el entorno de Antequera (Málaga) establece que la inversión de 400 millones de euros en esta infraestructura se traducen en un valor añadido bruto generado cercano a los 500 millones de euros y en casi 7.000 nuevos puestos de trabajo.

Éstas son cifras que se generarán a lo largo de todo el periodo de ejecución del proyecto, es decir, durante los cuatro o cinco años que dure la construcción y puesta en servicio de esta instalación, asociada al Centro de Tecnologías Ferroviarias (CTF), por su promotor, el Administrador de Infraestructuras Ferroviarias (ADIF).

El estudio ha sido presentado en el acto 'Encuentro de comunicación sobre el Anillo Ferroviario de Ensayo y Experimentación de Bobadilla (Antequera)', que ha estado presidido por el vicerrector de Investigación de la UMA, José Ángel Narváez. En él han intervenido los docentes Jesús Sánchez Fernández, del Departamento de Estadística de Málaga, y Eugenio Domínguez Vílchez, del Departamento de Botánica de Córdoba.

Por otra parte, al margen de los efectos económicos y sociales directos del Centro de Tecnologías Ferroviarias, ubicado en el Parque Tecnológico de Andalucía (PTA) en su ámbito sectorial específico, los creadores del informe Jesús Sánchez, José Sánchez Maldonado y Carlos Rivas destacan otros aspectos relativos a su integración territorial y empresarial en el entorno más próximo.

En primer lugar, las Instalaciones de Ensayo y Experimentación (IIEE) tienen importantes vínculos con su entorno debido al papel directo que sus gastos pueden generar en el entramado empresarial de la economía local a través de un "amplio" conjunto de proveedores de los distintos bienes y servicios que son necesarios para su puesta en marcha y posterior funcionamiento.

Asimismo, se destaca su incidencia sobre la financiación de las corporaciones locales del entorno inmediato, mediante la recaudación impositiva originada por las instalaciones, fundamentalmente las inmobiliarias, necesarias para llevar a cabo su actividad.

Por último, el informe hace hincapié en la futura dinamización del mercado de trabajo a través de la contratación de personal que se prevé. A estos efectos directos, se añadirán los generados de manera indirecta, por los efectos multiplicadores que se producirán a consecuencia de las vinculaciones intersectoriales de la actividad económica de la zona.

Los autores del estudio aseguran también que las IIEE generarán una serie de elementos que "inyectarán competitividad y conocimiento" al tejido económico y empresarial de la zona. En concreto, se generará capital humano cualificado, el cual se podrá aplicar, después, a la formación práctica de otras empresas y sectores de actividad.

Asimismo, prevén un desarrollo del conocimiento como consecuencia de las relaciones con la Universidad. Por último, la propia existencia de este nuevo equipamiento dota de gran poder de atracción al territorio para futuras localizaciones de empresas intensivas en conocimiento.

PROYECTO

Según avanza el documento, la construcción y puesta en servicio de estas instalaciones, donde se podrá homologar el material ferroviario propio de la alta velocidad, requiere un entorno tecnológico favorable. En el caso actual, el lugar elegido es la comarca de Antequera, por donde discurre la línea de alta velocidad Madrid-Málaga (y en el futuro próximo la de Sevilla-Málaga), "muy cerca de un parque tecnológico que sirve de apoyo para la transferencia de tecnología".

El profesor Sánchez ha explicado que el lugar específico donde se ubicarán las IIEE es una franja de terreno de unas 350 hectáreas, con una longitud de unos 58 kilómetros. Esa franja discurre a lo largo de los municipios malagueños de Antequera, Fuente de Piedra, Humilladero y Mollina y Benamejí, en Córdoba.

ALTERNATIVAS A LA UBICACIÓN

Para la ubicación de este corredor se barajaron inicialmente tres alternativas. Cada una arrojaba unos costes distintos, aunque muy similares entre sí, han indicado, señalando que, al final, se optó por aquella que "aún teniendo un mayor coste presenta la menor incidencia económico-social en el entorno, en el sentido de que no afecta a ningún núcleo poblacional ni a terrenos industriales ni a instalaciones eléctricas --huertos solares-- ni a cultivos especialmente sensibles y de alta rentabilidad, como es el viñedo de la zona".

Una vez que se internalizaron estos condicionantes, el trazado final seleccionado implica hacer uso de ese total de 350 hectáreas de terreno, de las que algo más de la mitad están dedicadas al cultivo del olivo, un 46 por ciento a cultivo de herbáceos y menos de dos por ciento a matorral y terreno improductivo.

Algunas de las preguntas del público se han realizado en este sentido, especialmente hacia la posible pérdida de jornales que se producirá con la puesta en marcha del proyecto, que los expertos han calculado en 6.000 peonadas anuales.

El estudio, que se inició en la primavera de este año y concluirá en diciembre, lo desarrolla un equipo de profesores de la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales de Málaga y otro grupo de la Universidad de Córdoba.