El alcalde de Alhaurín el Grande, Juan Martín Serón (PP), y el concejal de Urbanismo, Gregorio Guerra, han sido condenados por el tribunal que ha juzgado el caso "Troya" contra la corrupción urbanística a abonar 200.000 euros de multa y suspendidos para empleo o cargo público durante un año.
La sentencia, a la que ha tenido acceso Efe, condena a ambos como autores de un delito de cohecho, y le absuelve de otros doce delitos de cohecho de los que le acusaba el ministerio fiscal.
La Fiscalía había solicitado para cada uno de los dos procesados una multa de dos millones de euros y la suspensión de empleo o cargo público por tres años y nueve meses.
El tribunal considera que no ha quedado acreditado que en el Ayuntamiento de Alhaurín el Grande, entre 2002 y 2006, funcionara una trama cuyo objeto era obtener el enriquecimiento personal ilícito de Martín Serón y Guerra, y considera probado únicamente un delito de cohecho.
La trama consistía, según el fiscal, en exigir la entrega de ciertas cantidades de dinero a los empresarios y promotores inmobiliarios que estuviesen interesados en realizar alguna construcción y que, por tanto, tenían que solicitar la preceptiva licencia municipal de obras.
La Sala no considera acreditados los restantes delitos de cohecho porque ningún empresario o promotor ha reconocido en el juicio haber efectuado pago alguno a los acusados para la obtención de las licencias.
Además, señala que en los informes elaborados por la Agencia Estatal de Administración Tributaria sobre la entidad Conextran SL -supuestamente usada como instrumento para materializar los pagos-, sólo se han detectado irregularidades contables por las que "se han esbozado unas sospechas".
Por ello, el examen de la contabilidad no ha permitido establecer una correlación entre los apuntes contables y los pagos que supuestamente se efectuaron y los archivos informáticos encontrados en el despacho del concejal imputado, indica la sentencia.
Respecto a la pluralidad delictiva, el tribunal argumenta que no se ha encontrado un incremento patrimonial relevante o inusitado (para serlo tendría que rondar los 783.005,60 euros) en los acusados y su entorno familiar.
En cuanto al delito de cohecho acreditado, la sentencia señala que el concejal de Urbanismo, de común acuerdo con el alcalde, venía "exigiendo con insistencia" al menos desde mayo del 2006 al empresario J.B.L. el pago de 122.000 euros como contrapartida a una licencia de obras para la construcción de un edificio.
Tales hechos se consideran probados "en base a prueba, tanto directa como indirecta", la primera de ellas por la declaración como testigo del empresario al que le exigían el pago.
Además, el tribunal destaca que corroboran este testimonio circunstancias como la relación de amistad y de confianza que hay entre Serón y Guerra, el hallazgo de unas notas manuscritas en el despacho profesional del concejal en las que aparecía el nombre del testigo, y de un archivo informático con aspectos referentes a la citada licencia de obras.
La Sala señala que Martín Serón y Guerra "en cierto modo jugaban" con la confusión derivada de las normas urbanísticas vigentes.
El juicio comenzó el pasado 22 de septiembre contra una veintena de procesados por los delitos de cohecho, prevaricación urbanística y contra la ordenación del territorio.
El pasado diciembre, el fiscal retiró la acusación contra dieciocho acusados, y decidió mantenerla contra el alcalde y el edil de Urbanismo, a los que redujo su acusación inicial hasta trece delitos de cohecho.
