Lo que comenzó una fría tarde de enero de 2007 como un macrocaso de corrupción con la detención del alcalde de Alhaurín el Grande, Juan Martín Serón (PP), y su edil de Urbanismo, José Gregorio Guerra, durante un mitin de Mariano Rajoy en Marbella, ha quedado en agua de borrajas con la sentencia emitida ayer por la Audiencia Provincial, que ha sentenciado a ambos a un año de suspensión de empleo o cargo público y al pago de sendas multas de 200.000 euros por exigirle dinero a un empresario.

El proceso llegó a reunir hasta 20 acusados: los dos políticos, dos asesores jurídicos y dieciséis empresarios, y la Fiscalía pedía antes del juicio penas de prisión para Serón (cuatro años y seis meses de cárcel, medio millón de euros de multa y 19 de inhabilitación) y Guerra (siete años y medio). Al final de las sesiones, una confusión normativa a cuenta del PGOU de la localidad, que databa del 94 pero no se publicó hasta 2010, motivó que se retirara la acusación contra dieciocho acusados, y que se suavizara mucho la existente contra los dos políticos, que siempre han visto la larga mano del PSOE tras este proceso: Finalmente se les pidió dos millones de euros de multa y tres años y nueve meses de inhabilitación por trece delitos de cohecho. Sólo uno de éstos, y de carácter impropio -pagar a funcionario por algo legal-, ha quedado probado.

Lo probado es que Guerra y Serón -ya que el segundo le delegó las competencias urbanísticas- venían «exigiendo con insistencia, al menos desde mayo de 2006, a José Burgos Leiva, con ánimo de enriquecerse y sirviéndose de la ventaja que les proporcionaba su cargo oficial, el pago de la suma de 122.000 euros». ¿Por qué? Para obtener una licencia, de hecho concedida, que amparase la construcción de un edificio de 14 viviendas y garajes en la calle Azucena de Alhaurín el Grande.

Sin embargo, como defendió la Fiscalía en su escrito, no ha quedado acreditado que «funcionara una trama cuyo objeto no era otro que el obtener el enriquecimiento personal ilícito» de Serón y Guerra, y que consistía en exigir dinero a los promotores interesados en realizar obras en el municipio.

La Audiencia cree probado que ha existido un delito de cohecho impropio, es decir, el político o funcionario recibe dinero a cambio de hacer algo legal. La Sección Octava, encargada de enjuiciar el caso, se basa fundamentalmente en la denuncia del propio Burgos Leiva, lo que se apoya además en otros indicios. Por ejemplo, la Sala entiende que ambos se aprovecharon «de una confusión» sobre la legislación urbanística en Alhaurín el Grande, exigiéndole «al particular la dádiva ocultándole que sin ella el asunto debería, legalmente, resolverse de igual forma».

Además, indica la Audiencia, el testigo acudió a varias entrevistas personales con el edil de Urbanismo, «dadas las cautelas» que desplegaba éste. El objetivo de esas reuniones no era otro «que la exigencia de dinero por una licencia ya concedida». En una de ellas, le exige una «compensación» al Consistorio «por el exceso de viviendas». Incluso, en unas notas manuscritas halladas en el despacho del edil y en un ordenador de su despacho se hallaron referencias al testigo y a la licencia concedida.

La Sala deduce de ello «los precios tasados» para cada metro cuadrado incrementado (80 euros) y cada vivienda en exceso (6.000), y que «se utilizaba para el cálculo de la dádiva».

Preparación mínima. El tribunal califica de «sorprendente» el hecho de que Guerra no contestara a las preguntas. Ambos dijeron ser «analfabetos» y no conocer qué norma había que aplicar en el municipio. «Lo menos que cabe esperar de los acusados es que conozcan la materia sobre la que han de adoptar decisiones por el bien común, pues de ello dependerá que sean unos profesionales de la política, huyendo así de la tendencia de hacer de la política una profesión más. Lo mínimo que merece la ciudadanía es que los políticos tengan una mínima preparación en los asuntos que están llamados a gestionar», dice la Sala.

Las defensas alegaron que la voz de los acusados no coincidía con la de los interlocutores de las grabaciones, lo que desecha el tribunal, que decreta que se devuelvan a Serón y a su mujer los 64.780 euros intervenidos en una de sus casas y los 7.000 euros incautados en el registro del Consistorio a la edil de Cultura, Antonia Ledesma. Por tanto, la Sala absuelve a los políticos de doce delitos de cohecho, y a los otros dieciocho acusados de los ilícitos de cohecho, contra la ordenación del Territorio y prevaricación. Contra esta sentencia cabe recurso ante el Supremo en 5 días, aunque si Serón y su concejal no lo presentan deberán dimitir.

El secretario provincial del PP, Francisco Salado, aseguró ayer que Serón recurrirá la sentencia, por lo que abogó por esperar a que en una «siguiente estancia» se puedan demostrar los hechos por los que se le condenan. Salado afirmó que el partido está «convencido» de su inocencia. No obstante, trasladó el respeto de la formación hacia la decisión judicial, que, insistió, el PP no comparte.