El alcalde de Coín, Fernando Fernández Tapia, criticó ayer la postura de la Delegación de Medio Ambiente, que continúa sancionando al municipio por no depurar sus aguas, más aún cuando considera que es la Junta de Andalucía la administración que tiene la obligación y competencia de construir una depuradora en la localidad.
El regidor se quejó de que el Ayuntamiento tiene que pagar anualmente un canon por el control de vertidos de 38.000 euros, «más las multas de 6.000 euros que hay que abonar cada dos meses a la Agencia Andaluza del Agua, por lo que si seguimos en este ritmo de sanciones tendrían que salir todos los años 74.000 euros de las arcas municipales», puntualizó.
Fernández se expresó en este sentido tras las declaraciones realizadas por el consejero de Medio Ambiente, José Juan Díaz Trillo, quien afirmó que el 90 por ciento de la población malagueña está depurando sus aguas.
Según el munícipe, este dato no responde a la realidad de la provincia y menos aún de Coín y de la comarca del Valle del Guadalhorce, donde ningún municipio, exceptuando Alhaurín de la Torre, depura sus aguas. «En esta situación se encuentra Coín y los municipios del entorno, por lo que nos parece muy poco responsables las declaraciones del consejero, ya que no se acercan ni por asomo a la realidad», aseguró.
El alcalde recordó que el delegado de Medio Ambiente, Francisco Fernández España, prometió en una reunión el verano pasado, que dejarían de sancionar por ello al Ayuntamiento, algo que aún no se ha producido.
Finalmente, España aludió a que en el mes de julio el municipio se sumó al plan de inversiones de la Junta para conseguir que se construya una depuradora.
