El Gobierno central estudiará la manera de asumir la financiación de las obras del cuartel de la Guardia Civil de Antequera, que llevan paralizadas varios años. Al deterioro en la estructura del futuro edificio que comenzó a ejecutar hace tres años el grupo promotor, se unen ahora las condiciones de deterioro que sufre el inmueble en el que actualmente trabaja el cuerpo de seguridad.
Esta última cuestión es la que más preocupó ayer al subdelegado del Gobierno en Málaga, Jorge Hernández, que visitó las instalaciones actuales de la Guardia Civil en Antequera y estuvo presente en la comisión de seguridad con la representación de todas las fuerzas de la localidad. «Me voy impactado y muy preocupado, voy a trasladar el tema al Ministerio del Interior y al responsable de la Guardia Civil para atajar cuanto antes este asunto. La situación económica es muy complicada pero los agentes no pueden desarrollar su trabajo en esas condiciones y con esos medios», dijo Hernández.
El actual cuartel de la Guardia Civil tiene problemas de humedades, grietas e importantes fallos en la instalación eléctrica, a lo que se suma, dijo Hernández, «la falta y precariedad de los medios con los que cuentan».
El alcalde de Antequera, Manuel Barón, tachó este asunto como «una película de terror». Cabe recordar que el convenio, que se firmó con el anterior equipo socialista consistía en que la adjudicataria construiría el nuevo cuartel y un complejo educativo a cambio de conseguir los solares en los que se ubica el actual edificio de la Benemérita para construir en ellos un edificio de viviendas y locales, con una inversión estimada de 27 millones de euros.
Los plazos de ejecución de las obras están ya más que vencidos, a pesar de los intentos de modificar el acuerdo para adaptarlo a los nuevos precios del mercado. Barón quiere que Interior se haga cargo de las obras, aunque para ello se tendrá que compensar de alguna manera a la constructora.
Entre los temas que también centraron la reunión está un plan para reforzar la actuación y coordinación de las fuerzas de seguridad durante los fines de semana y la voluntad del Gobierno de seguir con los trabajos y plazos de ejecución de la cárcel de Archidona.
