El juzgado de lo Penal número 11 de Málaga ha sentenciado a seis meses de cárcel y al pago de más de 1,5 millones de euros en indemnizaciones a un hombre acusado de causar un incendio que calcinó 176 hectáreas en Casares y Estepona. La sentencia llega casi doce años después de los hechos. El fuego obligó al desalojo de casi una treintena de vecinos de la zona y afectó a varias fincas, algunas de ellas dedicadas al cultivo, por ejemplo.

El 24 de julio de 2000, una cuadrilla de trabajadores de una empresa se desplazó a la finca Las Mesas de Casares «para reparar una torreta eléctrica» de Endesa. De hecho, fue esta entidad la que encargó los trabajos de mantenimiento y reparación de la línea.

La torreta estaba situada en una zona de monte bajo con abundante matorral y pasto seco. El día era seco y las temperaturas, las propias del verano. El viento era suave pero se incrementó hasta alcanzar una fuerza relevante.

El capataz de la subcontrata cortó, dice el apartado de hechos probados, varios tubos de metal. Además, se colocó en una zona con poco matorral, a 15 metros de la torre. «En la manipulación de la radial saltaron chispas que, por efecto del fuerte viento se desplazaron varios metros, cayendo en una parte más alejada del punto en el que trabajaba el operario», afirma el magistrado en la sentencia.

Las chispas prendieron el matorral, y el fuego se avivó por el fuerte viento, lo que motivó que se extendiera rápidamente. Los operarios no pudieron sofocarlo. Tras ser avisados, se personaron en el lugar medios terrestres y aéreos de la empresa Egmasa.

El incendio, considera probado el juez, se propagó por el paraje Casa del Valle, y pasó a Loma Redonda, ya en Estepona. Llegó a la urbanización Valle Romano. «Afectó a 176,6 hectáreas –63 en Casares y 114 en Estepona–», añade. En el caso de Casares, ardió terreno rústico forestal y agrícola, mientras que en el de Estepona se consumió suelo calificado como no urbanizable programado.

Hubo hasta 27 afectados, la mayoría vecinos extranjeros que tenían sus viviendas en la zona y algunas fincas pertenecientes a diversas empresas. Por ello, el acusado, solidariamente, y dos empresas y otras tantas aseguradoras, subsidiariamente, deberán pagar indemnizaciones que en total suman 1,5 millones de euros.

En uno de los casos, la vivienda de una británica sufrió daños que la hicieron inhabitable. En total, el perjuicio económico superaba los 531.000 euros; por otro lado, los gastos de los medios humanos y materiales que empleó Egmasa, la empresa pública encargada de la extinción de incendios, ascendieron a casi 60.000 euros.

El encausado fue sentenciado a seis meses de prisión por un delito de incendio forestal. Así, se conformó con los hechos, aunque se ha aplicado la atenuante muy cualificada de dilaciones indebidas, dado que han pasado doce años entre los hechos y la sentencia, que todavía puede ser recurrida. Deberá pagar las costas y además ha sido inhabilitado para empleo o cargo público.