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El fiscal pide dos años para el exalcalde de Casarabonela por prevaricación

Lo acusa de dar licencias para edificar o ampliar casas en el campo sorteando las restricciones legales

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El exalcalde de Casarabonela Sebastián Gómez Ponce.
El exalcalde de Casarabonela Sebastián Gómez Ponce.  La Opinión

José Antonio Sau La Fiscalía de Málaga pide dos años de cárcel y diez de inhabilitación para el exalcalde de Casarabonela Sebastián Gómez (PSOE) por un presunto delito de prevaricación urbanística, mientras que la arquitecta municipal contratada se enfrenta a una década de inhabilitación y al pago de una multa de 14.400 euros.

Según consta en la calificación fiscal, a la que tuvo acceso La Opinión de Málaga, el acusado tuvo entre 1999 y 2011 –cuando dejó el sillón– «la atribución de conceder licencias y la competencia sobre urbanismo y la protección del medio ambiente».

«Conocedor de los requisitos legales restrictivos para la construcción de viviendas en el campo, urdió un modo de sortearlos y dar apariencia legal a sus resoluciones, facilitando la construcción y ampliación de viviendas de recreo y otros usos desvinculados de explotaciones agrícolas o ganaderas», asegura el acusador público en el documento.

El alcalde contrató a C. M. M., también acusada, para desempeñar las funciones de arquitecta municipal, «consistentes en la emisión del informe técnico-jurídico». Su contratación también tuvo el fin, siempre según la Fiscalía, de «prescindir de los servicios técnico-jurídicos de la Diputación Provincial».

Así, el acusado podría «controlar e influir en la acusada, para indicarle el sentido que debía tener cada informe y luego dictaba sus resoluciones amparándose en esos mismos estudios», añade el acusador público, adscrito a la Sección de Medio Ambiente del ministerio público.

La acusada, añade el fiscal en el relato acusatorio, «no comprobaba la realidad de las obras ni su legalidad, y se limitaba a redactar los informes técnico-jurídicos y las resoluciones/decretos del alcalde según unos modelos formularios».

Las licencias de obra concedidas de ese modo eran para «edificaciones ubicadas en suelo clasificado como no urbanizable agrícola» en las normas subsidiarias de planeamiento de Casarabonela, aprobadas el 19 de mayo de 1982.

El fiscal recuerda que para estos casos, la Ley de Ordenación Urbanística de Andalucía (LOUA) exige la presentación de un proyecto de actuación, con el requisito básico «de vinculación a una actividad agropecuaria». Éste deberá ser, además, informado por la Delegación Provincial de la Consejería de Obras Públicas y Vivienda de la Junta de Andalucía, explica el representante del ministerio público.

El informe autonómico es anterior «a la concesión de la preceptiva licencia de obras municipal». Sin embargo, «el acusado prescindió sistemáticamente de todos los procedimientos para la concesión de licencias de obras en suelo no urbanizable», subraya el acusador público.
Los distintos informes y resoluciones se produjeron en una decena de expedientes, que, dice el fiscal, «sólo pudieron ser examinados después de que agentes de la Policía Nacional, con mandamiento judicial de 5 de junio de 2006, se personaran en el Ayuntamiento de Casarabonela para obtener copia, ante la reiterada negativa a entregarlas».

Calificación. La Fiscalía califica los hechos como un presunto delito continuado de prevaricación urbanística por acción en siete de los supuestos y por omisión en otros tres. La acusada se enfrenta a una multa de 24 meses a razón del pago diario de veinte euros, así como a una inhabilitación especial de diez años para desempeñar el cargo de arquitecta municipal. El exregidor, a una inhabilitación idéntica y a dos años de cárcel. El juicio se celebrará mañana en el Jugado de lo Penal 14.

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