El Gobierno quitará competencias a los municipios en favor de la Diputación

J. T. / agencias ­La modificación de la Ley de Bases de Régimen Local está encaminada a simplificar y reducir las estructuras burocráticas y políticas de España. En estos términos habló ayer el ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, quien confirmó que el proyecto de Ley reducirá en un 30% el número de concejales a partir de 2015 y que ello redundará en favor «de la toma de decisiones políticas».

No serán las únicas medidas que afectarán a Málaga, ya que el ministro defendió que el proyecto recoja la supresión de las mancomunidades «por no contribuir a una gestión eficaz». Sólo esta provincia suma tres mancomunidades: Costa del Sol Occidental, Axarquía y Sierra de la Nieves. Sobre este tipo de administración dijo que forman parte de «una administración local opaca, que no rinde cuentas», por lo que hay que «simplificar y calibrar las actividades que están realizando».

Montoro también habló del papel que asumirán las diputaciones. «La baremación de los servicios públicos queda en manos de Hacienda», dijo, por lo que se vigilará concretamente a los municipios con menos de 20.000 habitantes y, si no cumplen la calidad de los servicios, estos quedarán en manos de las diputaciones. De esta forma, las diputaciones se convertirán en «gestoras centralizadoras» de servicios públicos de orden menor.

En el caso de la provincia malagueña, esto supondría que la Diputación podría rescatar a 85 municipios que no superen un «test de estrés» por la falta de recursos con la reforma de la Ley 7/1085 reguladora de las bases de régimen local, con la que el Ejecutivo prevé una reordenación y recorte de la carta obligatoria de competencias que prestan los ayuntamientos de las pequeñas poblaciones.

Interventor Finalmente, Montoro se refirió a cómo el proyecto de ley recuperará la figura del interventor y la del secretario municipal, lo que supone «una vuelta a lo que ya tuvimos en España y nunca debimos perder». El ministro justificó la recuperación de esta figura en lo que supone de objetividad y transparencia en las decisiones políticas en los presupuestos públicos. «Se trata de una reforma de competencias para hacer válido y real el principio que anunció el Gobierno en el discurso de investidura: Una administración, una competencia», abundó.