El equipo de gobierno de Cártama, formado por PSOE y CPV, ha decidido llevar a cabo la paralización de la aplicación del plan de ajuste. Según explicó el alcalde, el socialista Jorge Gallardo, esta medida se ha tomado debido a la seria situación económica y al desempleo que está sufriendo el municipio de Cártama.

Así, según explicó el primer edil la aplicación del plan de ajuste conllevaría la subida de hasta 14 tasas como las de cementerios, la expedición de documentos o de actividades deportivas. «Los vecinos no pueden más y además habría que realizar hasta tres despidos, y no estamos dispuestos a dejar a nadie sin su empleo. Preferimos no gastar en festejos ni poner más luces de Navidad de las propias del Ayuntamiento, en lugar de aplicar estas medidas que no consideramos justas», comentó Gallardo.

En este sentido, el Ayuntamiento está realizando reformas estructurales de los servicios, medidas organizativas, y se están realizando inspecciones tributarias. «Se están tomando otro tipo de medidas no contempladas en el plan de ajuste que son adecuadas para conseguir el objetivo final y no son tan injustas como las medidas que establece el Gobierno central», aseguró el primer teniente de alcalde, Miguel Espinosa. «Todas estas actuaciones están destinadas a abaratar costes», agregó.

En este contexto, Espinosa comentó que estas medidas del Gobierno central obligan a que los servicios públicos prestados mediante tasa o precio público deben tener una financiación adecuada y que debe cubrirse al máximo el coste de esos servicios que se prestan, ya que, en caso contrario, hay que buscar otras alternativas e incluso eliminar ese servicio.

Por su parte, el PP señala al informe del interventor que advierte de que «el incumplimiento del plan de ajuste, si no se corrige, podrá considerarse como gestión gravemente dañosa para los intereses generales y podrá procederse a la disolución de los órganos de la corporación local incumplidora». «En un acto de total irresponsabilidad para los intereses general», aseguraron fuentes de los populares, que apuntaron a alternativas como «eliminar cargos de confianza», once en este momento.