La Junta no recurre la sentencia de Los Merinos por "coherencia jurídica"

"No tiene ningún sentido que la Junta recurra algo a lo que ya se opuso en 2005 porque crearía una inseguridad jurídica en toda la planificación urbanística de la provincia", ha explicado este martes Carnero en rueda de prensa.

Precisamente, se pronunciaba así después de que el Ayuntamiento de Ronda presentara un recurso de casación contra la sentencia dictada por la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) que anulaba el acuerdo de la Comisión Provincial de Urbanismo de la Junta de aprobación definitiva del plan parcial de ordenación de Los Merinos Norte. Y después sobre todo de que la alcaldesa rondeña, María de la Paz Fernández (PP), criticara la actitud "incoherente" del Ejecutivo regional, al no recurrir esta resolución.

El delegado territorial ha recordado que la sentencia del TSJA anula el plan parcial de Los Merinos del año 1995, que obtuvo el visto bueno de la Comisión Provincial de Urbanismo de la Junta "porque tenía todos los beneplácitos para ser aprobado".

Tras la aprobación, se hizo un plan de actuación por parte del Ayuntamiento de Ronda, que fue impugnado por la propia Junta de Andalucía en 2004 porque "no se cumplían los parámetros aprobados en el plan parcial de 1995", según Carnero.

Sobre esa impugnación, ha incidido el delegado territorial de Agricultura, Pesca y Medio Ambiente, es sobre la que se basa la sentencia actual del TSJA para desestimar el plan parcial primero de actuación.

Ha dicho tener conocimiento de que la alcaldesa de Ronda "ha reclamado públicamente su deseo de que la Junta recurra en casación", pero, analizados los antecedentes jurídicos del caso y la sentencia, "la Consejería ha decidido no hacerlo porque no es coherente que la Junta vaya contra sus propios actos", en tanto que "el motivo de anulación del plan parcial coincide con la impugnación por parte del Gobierno andaluz".

Aún así, ha precisado que, a su parecer, es "muy lógico y lícito que el Ayuntamiento de Ronda decida recurrir dicha sentencia", pero ha insistido en su petición a la regidora rondeña de que "respete" la decisión del Ejecutivo andaluz, "tomada dentro de la Consejería y del gabinete jurídico de la Junta, que es el que decide qué actuaciones son recurridas y cuáles no".

Al respecto, ha indicado que no entiende que la alcaldesa diga que no ha tenido conocimiento de las actuaciones que iba a hacer la Junta, ya que "estuvo en contacto con el delegado del Gobierno en Málaga, José Luis Ruiz Espejo, que le manifestó que el gabinete jurídico de la Junta tenía un plazo para decidir su posicionamiento". "Fernández, en virtud de querer defender los derechos de su Ayuntamiento, tendría que tomar el posicionamiento que quisiera, pero no tiene que ser coincidente con el del Gobierno andaluz", ha precisado.

Por ello, ha concluido diciendo que "en ningún momento ni la Delegación del Gobierno ni la Consejería han estado al margen del posicionamiento que haya podido tener la alcaldesa de Ronda; nos parece muy lícito, pero tenemos que tomar la postura que ha determinado nuestro gabinete jurídico".