Tribunales

Serón sabrá mañana si el Supremo confirma su condena por corrupción

El alcalde de Alhaurín el Grande fue condenado a un año de suspensión para empleo o cargo público y a pagar 200.000 euros

04.06.2013 | 05:00
Juan Martín Serón, alcalde de Alhaurín el Grande.
Juan Martín Serón, alcalde de Alhaurín el Grande.

Al PP de Málaga le crecen los enanos. Si el viernes el juez Pablo Ruz pidió los libros de contabilidad de la sede provincial, en concreto los que van del 98 a 2001, 2004 y 2007, para rastrear una posible aparición estelar de Luis Bárcenas, otro de sus puntales provinciales, el todopoderoso alcalde de Alhaurín el Grande, Juan Martín Serón, conocerá el próximo martes si la Sala Segunda del Tribunal Supremo confirma su condena por corrupción. Si eso ocurre, tendrá que dimitir de inmediato, abriendo una crisis en el seno de una formación que ha defendido a capa y espada al regidor alhaurino.

El ponente de la sentencia del Supremo es el magistrado Antonio del Moral. El regidor de Alhaurín el Grande y su edil de Urbanismo, José Gregorio Guerra, fueron sentenciados a un año de suspensión para empleo o cargo público y al pago de una multa de 200.000 euros por un presunto delito de cohecho impropio, en concreto por pedirle dinero a un constructor local a cambio de una licencia de obras que, por cierto, debían haberle concedido porque era legal. Se libraron de una fuerte petición de pena inicial de la Fiscalía, pero el caso Troya se desinfló como un castillo hinchable en el juicio, a cuyo término el fiscal retiró la acusación contra 18 personas, la mayoría pequeños industriales del pueblo.

PGOU sin publicar hasta 2010

Otra vez, el hecho de que el Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) no estuviera publicado hasta 2010 motivó que no se supiera bien si se habían cometido los delitos contra la ordenación del territorio, pues esas licencias concedidas debían ponerse en comparación con una normativa concreta para determinar su ilicitud, pero el documento urbanístico no fue publicado hasta 2010, por lo que carecía de validez legal. No había nacido para el derecho.

Sin embargo, la cúpula formada por Serón y Guerra sí acabó siendo condenada a una pena menor pero que mancha su reputación, pues ellos siempre se han defendido como gato panza arriba de las acusaciones vertidas tanto por la Fiscalía Anticorrupción como por el PSOE, cuya larga mano han visto detrás de su detención, allá por enero de 2007, durante un mitin que Mariano Rajoy dio en Marbella.

De cualquier forma, la Audiencia Provincial no se creyó ese contubernio socialista y declaró probado que Guerra y Serón «venían exigiendo con insistencia, al menos desde mayo de 2006, a José Burgos Leiva, con ánimo de enriquecerse y sirviéndose de la ventaja que les proporcionaba su cargo oficial, el pago de 122.000 euros». ¿Por qué? Para obtener una licencia, de hecho concedida, que amparase la construcción de un edificio de 14 viviendas y garajes en la calle Azucena de Alhaurín el Grande.

Sin embargo, como defendió la Fiscalía en su escrito, no quedó acreditado que «funcionara una trama cuyo objeto no era otro que el obtener el enriquecimiento personal ilícito» de Serón y Guerra, y que consistían en exigir dinero a promotores interesados en realizar obras en el municipio.

Ello les libró de la cárcel, porque la Fiscalía pedía antes del juicio cuatro años y medio de cárcel para Serón y siete y medio para José Gregorio Guerra. Ellos recurrieron la sentencia.

Analfabetos

En una de las excusas más peregrinas usadas en sus respectivas declaraciones, Serón y Guerra llegaron a decir que eran analfabetos en temas urbanísticos, y que no sabían qué normativa había que aplicar en el municipio. Lo que les valió la reprimenda del magistrado Pedro Molero en una ponencia de alto nivel jurídico: «Lo menos que cabe esperar de los acusados es que conozcan la materia sobre la que han de adoptar decisiones por el bien común, pues de ello dependerá que sean unos profesionales de la política, huyendo así de la tendencia de hacer de la política una profesión más. Lo mínimo que merece la ciudadanía es que los políticos tengan una mínima preparación en los asuntos que están llamados a gestionar».

De cualquier forma, previendo una sentencia adversa del Supremo Serón ya dio un paso atrás y dejó la presidencia del PP de Alhaurín el Grande a su teniente de alcalde, Antonia Ledesma, un valor en alza en la formación provincial. La guardia de corps del experimentado regidor empieza a tomar posiciones en torno a él para ocupar su puesto.

El caso, que salpicó las páginas de los diarios locales de dimes y diretes entre socialistas y populares, llega a su final seis años después de aquel enero de 2007 en una de cuyas madrugadas la Udyco y el fiscal Anticorrupción Juan Carlos López Caballero tomaron el Ayuntamiento y numerosas dependencias municipales.

Finalmente, la Audiencia de Málaga no detectó un incremento patrimonial relevante o inusitado ni en el caso de Guerra ni en el de Serón, pero sí sospechó de fuentes de ingresos desconocidas. Los dos condenados recurrieron. Ahora, están a punto de saber si su futuro sigue pasando por la moqueta política o, por el contrario, triunfa la teoría de la conspiración. La Sala II del Supremo tiene la última palabra.

@saumartin

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