La juez del caso Arcos, Irene Urbón, ha procesado a 51 personas y ha dictado el sobreseimiento respecto de otros 15 imputados. Entre los encausados se encuentran el exalcalde de Alcaucín José Manuel Martín Alba, el arquitecto de la Diputación Francisco José Mora y el intermediario Pedro José Grandfilds. En concreto, al exregidor se le imputan múltiples delitos contra la ordenación del territorio, falsedad documental, prevaricación urbanística y cohecho.
En el auto, de 300 páginas y notificado ayer lunes, la juez da cuenta de los indicios que hay para procesar a 51 imputados por su implicación en esta trama de corrupción que saltó a la luz en febrero de 2009 con las primeras detenciones y el registro del Consistorio de Alcaucín. La causa suma ya casi 50.000 folios.
Fuentes de la investigación explicaron a La Opinión de Málaga que entre los imputados hay algunos vecinos del pueblo que revendieron parcelas, habitantes de la Axarquía e incluso extranjeros que también incurrieron en esta práctica. A todos ellos hay que sumarles algunos constructores que compraron solares en suelo no urbanizable para venderlos después.
Las mismas fuentes insistieron en que Alcaucín se quedó en 2005 sin suelo urbanizable, producto de la voracidad constructiva y de unas normas subsidiarias antiguas, por lo que inició un proceso de adaptación a la Ley de Ordenación Urbanística de Andalucía (LOUA), pero el Plan de Ordenación Territorial de Andaluía (POTA) dio al traste con esa iniciativa.
"Tanto en esos años como en una época inmediatamente anterior los desmanes urbanísticos fueron habituales, pero la presión judicial y policial paró el intento de legalizar esas irregularidades con un nuevo planeamiento", precisan. La investigación de la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil ha determinado que las licencias de obra se daban "sistemáticamente" sin informes técnicos ni jurídicos. Ni siquiera, añaden las fuentes, había una resolución propiamente dicha, sino que en la solicitud de la licencia se consignaba una x en el apartado de licencia concedida.
La trama se compone fundamentalmente de la existencia de casas en suelo no urbanizable con expedientes de recalificación. "Entonces, se necesitaba construir rápido porque había mercado. Ahora no". También hay licencias de rehabilitación basados en informes falsos sobre la existencia de ruinas, lo que permitía reformar la casa.
En este caso también hay presuntos pagos a políticos, intermediarios y conseguidores. Ahora, tras el dictado del auto que convierte las diligencias previas en procedimiento abreviado -al tratarse de delitos castigados con penas inferiores a nueve años de cárcel-, comienza la fase intermedia del proceso. El fiscal Anticorrupción deberá calificar en diez días, y luego podrán hacerlo las defensas. Una nueva macrocausa se cierne sobre la Audiencia Provincial.
