La sección de Medio Ambiente y Urbanismo de la Fiscalía de Málaga se ha querellado contra el exalcalde de Mollina Francisco Sánchez Moreno (IU), por la presunta comisión de ocho delitos contra la ordenación del territorio en los que habría incurrido al conceder por decreto de alcaldía otras tantas licencias de primera ocupación contra los informes del arquitecto técnico municipal.

Según consta en la querella, a la que tuvo acceso La Opinión de Málaga, entre 2007 y 2009, el querellado, «como alcalde del municipio de Mollina, concedió licencias de primera ocupación en contra del informe técnico-jurídico de los servicios técnicos municipales, sin motivación de clase alguna, salvo el hacer su expresa voluntad, a sabiendas de que las construcciones realizadas no se ajustaban a las licencias de obras concedidas en su día resultando contrario a las normas urbanísticas vigentes».

En el primero de los casos, un vecino del pueblo solicitó una licencia de primera ocupación el 13 de julio de 2007 en relación con unas obras para las que ya se le había dado permiso. En el expediente, el secretario interventor, usando un modelo tipo, siempre según la Fiscalía de Medio Ambiente, «en el que se limitaba a especificar que la concesión de licencias es atribución del alcalde».

En ningún momento, añade el acusador público, se pronunció sobre «la adecuación o no a las previsiones de la legislación urbanística aplicable». El mismo día, el arquitecto técnico municipal emitió un informe en el que literalmente establecía: «No procede la concesión de la licencia de primera ocupación».

A continuación, precisa el fiscal, «el querellado, como alcalde del muncipio, dictó un decreto, en concreto el 6 de septiembre de 2007, en el que disponía: visto el informe técnico desfavorable y el del señor secretario interventor he resuelto otorgar, a salvo del derecho de propiedad y sin perjuicio de tercero, la licencia solicitada».

En otros siete casos se trató de empresas que solicitaron también licencias de primera ocupación en relación con obras que ya habían recibido el correspondiente permiso municipal contra la opinión del secretario interventor, precisa la Fiscalía de Medio Ambiente, que detalla en la querella los casos uno a uno con todo lujo de detalles, aunque todos ellos tienen una historia de tramitación administrativa idéntica.

Los hechos relatados, insiste el acusador público, podrían ser constitutivos de ocho delitos contra la ordenación del territorio previsto en el artículo 320 del Código Penal».

La acción penal se dirige contra el exregidor de Mollina, pero también «contra cuantas otras personas resulten, a través de la investigación, responsables de los hechos, por participar en la concesión de las licencias». El ministerio público también insiste en la legitimación legal que tiene para poner esta querella.

El fiscal incide en que son los juzgados de Antequera los competentes para conocer estos hechos, insiste en la necesidad de que se admita a trámite la querella tras comprobar que no se hayan incoado ya otras actuaciones y reclama que se abran «diligencias previas en averiguación de los hechos y de sus presuntos responsables».

La Fiscalía ha solicitado además una serie de diligencias que tendrá que admitir aún el juez instructor.