El Juzgado de lo Penal número 4 de Málaga tiene previsto celebrar el próximo viernes 21 el juicio por vertidos en la Laguna de Fuente de Piedra durante siete años, causa en la que la Fiscalía acusa al exalcalde de ese municipio malagueño Cristóbal Fernández y al actual regidor Francisco Jesús Hidalgo, ambos del PSOE, junto a dos exediles y al consejero delegado de una empresa de envasado de aceitunas.
Según las conclusiones presentadas en su día por la Fiscalía, desde 1998 hasta 2005, la entidad agroalimentaria, cuyo consejero delegado es uno de los acusados, realizó "vertidos contaminantes de forma continua y reiterada en la Laguna de Fuente de Piedra". Según consta, dicho procesado compró la empresa en 1992 y existían unas balsas "sin impermeabilizar", que eran "insuficientes".
Asimismo, la entidad construyó en el año 2000 una depuradora "sin que la misma haya funcionado correctamente en el tratamiento de dichos vertidos", que finalizaron a finales de 2005, según sostiene el ministerio fiscal, en su calificación inicial, apuntando que, además, la red de saneamiento municipal "tampoco ha funcionado de forma adecuada".
La acusación pública considera en su escrito, al que ha tenido acceso Europa Press, que el Ayuntamiento de Fuente de Piedra dio licencia "de forma irregular" para la actividad de la empresa, sabiendo la situación y "la emisión de vertidos contaminantes", aunque eso fue en 1993, con el anterior alcalde, contra el que no se puede ejercer acusación por haber prescrito el delito.
No obstante, constan "numerosos" escritos enviados al Consistorio en 2000 y 2002 informando de la situación, "sin que se haya solucionado el tema de dicho vertido ni se haya hecho nada" por parte de Fernández, alcalde desde 1999; y del concejal responsable de saneamiento municipal, "existiendo una actitud omisiva por parte de estos acusados, de forma intencionada".
Asimismo, la Fiscalía también entiende responsable al que era edil de Turismo y Medio Ambiente, actual regidor, al "tener conocimiento de los vertidos y no realizar ninguna actuación" y al concejal de Urbanismo y Obras desde 1997 a 2003, quien "actuó de la misma forma que los demás". Posteriormente, se concedió licencia para hacer obras del proyecto de tratamiento y eliminación de aguas residuales.
El fiscal sostiene que estos vertidos incidieron en la flora y en la fauna de la laguna, ya que se produjo una "carga contaminante" que en algunas zonas superaba los límites establecidos. Así, se acusa al responsable de la entidad por un delito contra el medio ambiente por su incidencia directa en los vertidos, solicitando dos años de cárcel y multa.
Al resto de los cuatro acusados, el ministerio público les acusa también por un delito medioambiental, pero por la falta de actuación contra dicha infracción, es decir, por omisión, por lo que pide para cada uno de ellos una pena de inhabilitación por nueve años y 18 meses de prisión.
