El Juzgado de lo Penal número 4 de Málaga tiene previsto celebrar el 21 de junio el juicio por vertidos durante siete años en la Laguna de Fuente de Piedra, contra el exalcalde Cristóbal Fernández y al actual regidor Francisco Jesús Hidalgo, ambos del PSOE, junto a dos exediles y el consejero delegado de una empresa de envasado de aceitunas.

Según las conclusiones de la Fiscalía, la entidad agroalimentaria, cuyo consejero delegado es uno de los acusados, realizó «vertidos contaminantes de forma continua y reiterada en la Laguna de Fuente de Piedra», desde 1998 hasta 2005. Según consta, dicho procesado compró la empresa en 1992 y existían unas balsas «sin impermeabilizar», que eran «insuficientes».

Además, la entidad construyó en 2000 una depuradora «sin que la misma haya funcionado correctamente en el tratamiento de dichos vertidos», que finalizaron en 2005, según el ministerio fiscal, que añade que la red de saneamiento municipal «tampoco ha funcionado».

La acusación pública considera que el Ayuntamiento villafontense dio licencia «de forma irregular» para la actividad de la empresa, sabiendo la situación y «la emisión de vertidos contaminantes», aunque eso fue en 1993, con el anterior alcalde, contra el que no se puede ejercer acusación por haber prescrito el delito. No obstante, hay numerosos escritos enviados al Consistorio en 2000 y 2002 informando de la situación, «sin que se haya hecho nada» por parte de Fernández, alcalde desde 1999; y del concejal responsable de saneamiento, «existiendo una actitud omisiva por parte de estos acusados, de forma intencionada».

Asimismo, la Fiscalía entiende responsable al que era edil de Turismo y Medio Ambiente, actual regidor, al «tener conocimiento de los vertidos y no realizar ninguna actuación» y al concejal de Urbanismo y Obras desde 1997 a 2003, quien «actuó de la misma forma que los demás».

El fiscal sostiene que estos vertidos incidieron en la flora y en la fauna de la laguna, ya que se produjo una carga contaminante que en algunas zonas superaba los límites establecidos. Así, se acusa al responsable de la firma por delito contra el medio ambiente, solicitando dos años de cárcel y multa.

Al resto de los cuatro acusados, les acusa de delito medioambiental por omisión, por lo que pide para cada uno de ellos una pena de inhabilitación por nueve años y 18 meses de prisión.