La Fiscalía asegura que el caso Arcos son «varias tramas de corrupción urbanística» que operaron una década en Alcaucín. La investigación se inició en septiembre de 2008, y las detenciones fueron ordenadas en septiembre de 2008 por la titular del Juzgado mixto número 3 de Vélez, Irene Urbón, en febrero de 2009. Entre los acusados hay 49 personas, en su mayoría empresarios dedicados a la promoción urbanística, además del exalcalde y dos de sus familiares, seis funcionarios y dos abogados. Los hechos van desde 1999 a 2010.

Delitos Entre los delitos hay 90 de falsedad, puesto que, según Anticorrupción, se manipulan firmas, sellos y textos, cometidos por autoridades o funcionarios del Ayuntamiento, la Diputación o el Catastro «inducidos con frecuencia por los promotores»; 19 de falsedad en documento oficial, «atribuidos a arquitectos que redactaban proyectos de contenido falaz»; diez delitos de falsedad imprudentes, que se le endosan al secretario municipal; 62 ilícitos de prevaricación de alcalde «por autorizar arbitrariamente parcelaciones o construcciones contrarias a la norma, prescindiendo de los informes»; siete prevaricaciones de arquitectos municipales o provinciales y 22 delitos contra la ordenación del territorio por construcciones ilegales. Asimismo, el fiscal, acusa por 20 delitos de cohecho, uno de fraude, dos de malversación, otro de estafa, dos de blanqueo y seis de tráfico de influencias, entre otros. Las pruebas básicas proceden de los registros del Consistorio, la Diputación y un despacho de abogados (2009) y en 2012 de las intervenciones en el Catastro y el Patronato de Recaudación.

Auge urbanístico Este caso hunde sus raíces «en el auge urbanístico», que para Alcaucín se tradujo en una creciente demanda de nuevas viviendas por parte de numerosos extranjeros residentes en la Axarquía, «lo que desbordó la previsión de suelo urbanizable» en el plan del 95. Luego, siempre según Anticorrupción, se multiplicaron «las infracciones urbanísticas», de tal forma que el Ayuntamiento no sólo hizo dejación de su responsabilidad, sino que trató de «solaparlas» promoviendo instrumentos de planeamiento «basados en un desmesurado aumento de suelo edificable», lo que chocó con la Junta.

Construcciones clandestinas Luego, proliferaron las construcciones clandestinas, a base de casas unifamiliares aisladas en suelo rústico, o de bloques de apartamentos en las zonas cercanas al núcleo de población, que se levantaban en parcelas para casas unifamiliares o en suelo no urbanizable, «con el resultado caótico» que se refleja en la calificación. Por otro lado, los fallos del sistema se aprovecharon, destacando en este sentido «los numerosos informes técnicos emanados sin control de la Diputación para encubrir las infracciones de mayor importancia, como la frecuente manipulación del Catastro Inmobiliario», siempre gracias a funcionarios supuestamente corruptos. Entre otras cosas, se aprovechaban de «ciertas fisuras» para introducir en las bases de datos edificaciones que no existían en realidad, lo que motivó grandes residencias en terrenos de alto valor ecológico. En concreto, el plan de 2004, dice Anticorrupción, preveía cuadruplicar las viviendas.

«Me tienen enfilado» El alcalde, que siempre ha defendido su inocencia y dice que lo tienen «enfilado», operó, siempre según la Fiscalía, «como intermediario o corredor de fincas, obteniendo con ello importantes ingresos económicos».