El caso Arcos, contra la corrupción urbanística en Alcaucín, llegó el pasado viernes en un furgón a la Audiencia Provincial de Málaga, para su enjuiciamiento. Los jueces ya buscan fecha para un macrocaso que tendrá ocupada a la sobrecargada Sala un año como mínimo, con lo que otros juicios tendrán que esperar para ser señalados. A la Sección Tercera además ha llegado el caso El Pinillo, un macroproceso en el que están Roca o Julián Muñoz, entre otros. El sumario de Arcos llega con 49 acusados, 28.568 folios y más de 86 tomos y tras más de cinco años y medio de instrucción (se inició la investigación en septiembre de 2008).
La cifra de acusados es la mitad de los que tenía Malaya (95), y el plenario por la trama de corrupción marbellí se alargó dos años, lo que da una idea del tiempo que puede prolongarse un proceso de estas dimensiones.
El caso llegó procedente en un furgón del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 3 de Vélez Málaga, que empezó a instruirlo en septiembre de 2008 y ordenó las primeras detenciones en febrero de 2009. Las cerca de ochenta cajas están ya guardadas en una habitación bajo llave a la espera de que los magistrados de la Sección Tercera puedan encontrar una fecha en la que iniciar el proceso, haciendo un auténtico ejercicio de equilibrio porque si señalan de lunes a viernes, tendrán poco tiempo para atender los juicios ordinarios. En Malaya, por ejemplo, se fijaron sesiones de lunes a miércoles, para que los despachos de abogados pudieran seguir haciendo frente a sus negocios y, al mismo tiempo, defender con garantías a sus clientes.
El planteamiento es, en cualquier caso, difícil, pues la Sección Tercera ya tiene además el caso El Pinillo, con 21 acusados, entre los que destacan Julián Muñoz y Juan Antonio Roca, otro macroproceso de enjundia que forma parte de la oleada de grandes casos de segunda generación, una hornada de sumarios marcada por la falta de refuerzos y entre los que resalta el caso Astapa por corrupción en Estepona, en el que hay ya más de cien encausados sin que se vislumbre el final de la instrucción.
El fiscal pide 226 años de cárcel para el exalcalde de Alcaucín José Manuel Martín Alba, y 111 para el ex jefe adjunto de Arquitectura en la Diputación José Mora, aunque de cualquier forma el tope máximo será el resultado de multiplicar por tres la mayor de las penas o 20 años de prisión, según el Código Penal.
Sólo el escrito de acusación tiene más de 200 páginas y la pléyade de delitos es interminable: los hechos abarcan desde 1999 a 2010, una época en la que el pueblo trató de recalificar todo su extrarradio y en la que, según el fiscal, «se construyeron grandes residencias, impropias de terrenos de tan alto valor ecológico, que hoy pertenecen a terceros de buena fe». El plan de 2004, dice el fiscal, significaba cuadruplicar las viviendas.
«A su antojo» El regidor, al que se le encontraron el día de su detención 160.000 euros bajo el colchón, ocupó la alcaldía entre el 91 y el 99, «abarcando veinte años las competencias en Urbanismo», salvo las del pleno, «órgano que sistemáticamente aprovechaba las iniciativas del alcalde a veces por unanimidad y siempre con el voto del grupo mayoritario que le respaldaba», precisa el ministerio público en el escrito.
El alcalde aprovechó la «ausencia de controles eficaces» para desempeñar «esos cargos a su antojo, prescindiendo de la normativa urbanística cuando le convenía», precisa.
