El exconcejal de Urbanismo del Ayuntamiento de Alhaurín el Grande José Gregorio Guerra Gil (PP) propuso a la Audiencia Provincial pagar una parte de la multa de 200.000 euros impuesta en el marco del caso Troya, contra la corrupción en el municipio, con trabajos en beneficio de la comunidad, a lo que la Sección Octava se ha negado en redondo.

Guerra y el exregidor Juan Martín Serón fueron sentenciados a pagar 200.000 euros por un delito de cohecho, amén de a un año de suspensión para empleo o cargo público. Serón pagó la totalidad de la sanción económica a los pocos días de que el Supremo ratificase la condena de la Audiencia Provincial, mientras que Guerra sólo pudo consignar 80.000 euros del montante global. En concreto, el exregidor tardó 10 días y lo hizo mediante una transferencia.

Ambos fueron condenados por pedirle más de veinte millones de pesetas a un constructor de la localidad a cambio de una licencia de obra, según se declaró probado por parte de la Audiencia Provincial.

El exconcejal de Urbanismo propuso un plan de pagos a la Sección Octava: además de los 80.000 euros, pidió abonar 24.000 en el plazo de dos años, una suma dividida en 1.000 euros al mes hasta sumar 104.000. El resto, hasta 200.000 euros, pidió cumplirlo «con trabajos en beneficio de la comunidad». La clave del asunto es que en la sentencia del caso Troya se le condena a una responsabilidad personal subsidiara de seis meses, es decir, que en caso de impago podría tener que entrar en prisión, de ahí que haya intentado que se le imponga un plan de pagos más cómodo. Asimismo, fuentes judiciales confirmaron a La Opinión de Málaga que se le ha embargado el 50% de un garaje, lo que habría que sumar a las cantidades anteriores.

Sumando lo pagado y lo que iba a abonar se haría el cálculo de lo que le quedaría por cumplir en régimen carcelario y ése sería el periodo a ingresar en prisión si finalmente no se le permitiera completar lo que debe de otra forma, explicaron las fuentes.

En un auto fechado el 3 de febrero de 2014, se recoge la propuesta de la defensa de José Gregorio Guerra, a lo que la Sala contesta: «Al igual que lo informado por el ministerio fiscal con fecha 3 de diciembre de 2013, esta Sala es de la opinión de que las penas han de ser cumplidas en los términos en los que fueron impuestas, y de manera íntegra a ser posible». «Por ello, y sin perjuicio de lo que se pueda acordar en un futuro, se accede al pago aplazado del resto de la pena de multa, 120.000 euros, impuesta al penado y que le queda por abonar de la siguiente manera: en 24 plazos a razón de 5.000 euros mensuales, lo que totalizaría la suma de 120.000 euros que es lo que resta por abonar», precisa la Audiencia Provincial en el auto.

La defensa, no obstante, recurrió ante la misma Sala la decisión volviendo a insistir en la necesidad de fraccionar el pago, pero la Audiencia Provincial se reitera en los mismos argumentos del primero de los autos.

Ya el día que se produjo la firmeza de la sentencia, Martín Serón aseguró que Guerra, tras abandonar el cargo, «se dedicaría a buscar trabajo, porque tiene una familia que alimentar».