La Diputación de Málaga ha detectado unas 30.000 edificaciones fuera de catastro y en suelo no urbanizable en un total de 33 municipios, y calcula que estas construcciones podrían llegar a las 90.000 en el conjunto de la provincia. Así se desprende de los primeros inventarios realizados por el ente supramunicipal para cumplir con la normativa regional que obliga a que cada ayuntamiento las tenga clasificadas para determinar su situación de legalidad o ilegalidad.

El presidente de la Diputación, Elías Bendodo, ha reconocido este miércoles, durante el acto de entrega de los 10 primeros inventarios a los alcaldes, que se han visto sorprendidos por la cantidad de inmuebles no registrados que se han localizado en este primer análisis de las zonas rurales. "Tanto no se esperaba", ha admitido.

No obstante, ha insistido en que el hecho de que estas construcciones estén fuera del catastro y en suelo no urbanizable no implica que todas sean ilegales, sino que también pueden ser alegales o "perfectamente" legales. Así, según el Servicio Provincial de Arquitectura y Urbanismo de la Diputación, "una gran parte" está sujeta a regularización en función de lo establecido por la Administración autonómica.

En cualquier caso, Bendodo ha señalado que lo que se pretende con estos inventarios es facilitar a los ayuntamientos una relación de construcciones que permita saber qué hay en las zonas rurales de sus respectivos términos municipales.

Así, los ayuntamientos de Alameda, Almargen, Alcaucín, Ardales, El Burgo, Cartajima, Iznate, Montejaque, Parauta y Sierra de Yeguas han sido los primeros de un total de 33 inventarios que la Diputación prepara en virtud del servicio de planeamiento que presta a los ayuntamientos.

En concreto, estos documentos analizan una superficie de 573 kilómetros cuadrados en los que se han detectado 3.101 edificaciones no inscritas en el catastro, ya sean viviendas, almacenes industriales, casas de aperos, piscinas o corrales, entre otros.

Bendodo ha avanzado que este trabajo, que se realiza a petición de los propios consistorios a través del Plan de Asistencia y Cooperación, sirve para conocer "la situación real de las construcciones en el ámbito rural, su edificabilidad, ocupación, uso o afección jurídica, si existe, para mejorar la gestión administrativa".

BENEFICIOS PARA LA GESTIÓN

El inventario de edificaciones en suelo no urbanizable es un paso obligatorio que marca la Junta de Andalucía, competente en materia urbanística, para el diseño o renovación de los planeamientos, proceso en el que están inmersos ahora numerosos municipios de la provincia.

Según ha destacado el presidente de la Diputación, los beneficios de esta iniciativa van "desde el cumplimiento de la legislación al fomento de acciones administrativas como regularizaciones, cobro de Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI) o actuaciones judiciales que fueran necesarias".

Además, ha agregado, es positivo para el Patronato de Recaudación, organismo que gestiona los tributos en casi todos los ayuntamientos de la provincia, ya que puede actualizar el catastro y dar de alta nuevas edificaciones.

El 60 por ciento de estas edificaciones fueron construidas en la época del 'boom' inmobiliario previo a la crisis --entre 1995 y 2006--. Asimismo, hay un 7,73 por ciento anteriores a 1956; entre 1956 y 1977, un 6,75 por ciento; entre 1977 y 1984, un 5,39 por ciento, y entre 1984 y 1995, en torno a un cuatro por ciento.

En cuanto a la tipología, la mayor parte son almacenes o casas de aperos --un 44,37 por ciento--, mientras que el 27,87 por ciento de las construcciones son viviendas. Las piscinas, por su parte, representan el 9,96 por ciento.

Este trabajo se ha llevado a cabo con el Sistema de Información Territorial (SIT) de la Diputación, la cartografía y las ortofotos, con una colaboración entre las delegaciones de Fomento y Arquitectura y la participación de la Sociedad de Planificación y Desarrollo (Sopde) y la Junta de Andalucía. Los diputados Ignacio Mena y Carlos Conde, responsables de estas áreas, han participado en la entrega de este miércoles.

Tras estos primeros inventarios vendrán otros 23 en las fases segunda y tercera. La segunda estará compuesta por Álora, Benalauría, Benaoján, Carratraca, Ojén, Júzcar, Tolox, Sedella, Villanueva de Algaidas, Villanueva de la Concepción y Villanueva del Rosario.

La tercera y última fase la integran Algatocín, Cortes de la Frontera, Cútar, Cómpeta, Casarabonela, Jubrique, Monda, Riogordo, Sayalonga, Torrox, Totalán y Valle de Abdalajís.