La Fiscalía de Málaga pide una multa de seis meses a razón del pago diario de 20 euros -3.600, en total- para el exregidor de Villanueva de la Concepción, Ernesto Silva (Foro Andaluz), por un presunto delito de cohecho cometido en el marco de la operación Cátedra. Un profesor de Derecho Tributario de la Universidad de Málaga (UMA) se enfrenta a cuatro años de prisión por los supuestos delitos de tráfico de influencias y falsedad en documento oficial, ya que el ministerio público cree que se ofreció a un tercero para lograr que el político legalizase la obra a cambio de aprobarle a su vez «las asignaturas de Derecho Procesal».
Según consta en la calificación fiscal, el abogado M. G. y el asesor jurídico y profesor de Derecho Tributario de la Universidad de Málaga, J. F. H. G., se concertaron en diciembre de 2009 para proponer a un vecino del pueblo, «con la intención de obtener un beneficio patrimonial ilícito», la legalización de una obra supuestamente irregular de éste.
El vecino acudió al primero en calidad de abogado y el segundo actuó como colaborador o asesor jurídico. El Ayuntamiento de Villanueva de la Concepción, siempre según el relato acusatorio, al que tuvo acceso este periódico, tramitó un expediente respecto del habitante de la localidad «como consecuencia de las obras realizadas sin la preceptiva licencia en la finca de su propiedad, y que había dado lugar a la incoación de las correspondientes diligencias de investigación penal en la Fiscalía Provincial de málaga por la posible comisión de un delito contra la ordenación del territorio».
Así, los dos juristas le propusieron que, «a cambio de la cantidad de 50.000 euros, conseguirían la legalización de la obra realizada y el consiguiente archivo del expediente urbanístico en el Ayuntamiento».
Para ello, precisa el ministerio público, ambos encausados manifestaron al vecino que el acusado J. F. H. G., «el cual impartía clases como profesor de Derecho Tributario en la Facultad de Derecho de la Universidad de Málaga, conseguiría la legalización de la obra por parte del alcalde de Villanueva de la Concepción, el también acusado Ernesto José Silva, a cambio de ofrecer a este último el aprobado en las asignaturas de Derecho Procesal, las cuales le restaban para conseguir la finalización de dicha carrera universitaria».
Esto fue denunciado por el habitante de Villanueva de la Concepción a la policía el 15 de abril de 2010. Así, durante los meses siguientes, abril y mayo del mismo año, y bajo vigilancia policial, los dos juristas concertaron con el denunciante «diversas citas, durante las cuales éste aceptó la propuesta recibida, si bien finalmente a cambio de la cantidad de 30.000 euros».
Los dos encausados, señala el fiscal, «informaron periódicamente al denunciante de los supuestos avances logrados en relación a la actuación anteriormente descrita, haciendo creer a este último que iban a conseguir la legalización de la obra en cuestión, llegando éste a hacer entrega a ambos de la cantidad de 11.000 euros en concepto de adelanto».
«A pesar de las manifestaciones realizadas y a sabiendas de su imposibilidad, el profesor no realizó gestión alguna en orden a conseguir el aprobado del alcalde», dice el fiscal, quien asegura que el otro letrado se compró un reloj con el dinero. A éste se le pide un año de cárcel por tráfico de influencias.
El alcalde «aceptó el aprobado que el profesor le ofrecía en las asignaturas referidas, en atención al cargo que ostentaba y a la posible legalización de la obra del vecino».
Por último, aclara el ministerio fiscal, el profesor de Derecho, atendiendo a los requerimientos del otro juristas, hizo constar en las actas de calificación de la asignatura técnicas de liquidación tributaria que impartía en Económicas que una alumna, que mantenía una «relación de amistad» con su socio, no acudió al examen, cuando lo cierto es, siempre según el fiscal, que lo suspendió. Aún no se ha celebrado el juicio, aunque el caso saltó a la luz en el verano de 2010, generando gran polémica pues el profesor fue arrestado en la Facultad de Derecho y sacado por la Guardia Civil por la puerta principal del edificio.
