La instalación de las 17 cámaras de seguridad del Centro Comercial Abierto de Antequera, demandadas por los comerciantes de la zona para prevenir el vandalismo callejero, se retrasa hasta finales de año según confirmaron a este diario fuentes del Ayuntamiento de Antequera.
La puesta en marcha del servicio estaba prevista para el mes de agosto, pero el proceso se ha demorado para adaptar la instalación a la fibra óptica con el fin de favorecer una mejor conexión de los dispositivos con la Jefatura de Policía Local, desde donde se van a controlar las cámaras de videovigilancia, que se complementará en el futuro con un centro de control de tráfico y regularización de semáforos.
El edil de Seguridad y Tráfico desconoce cuándo entrarán en servicio las cámaras ya que vinculan su puesta en marcha a la apertura de la nueva sede de la Jefatura de Policía Local de Antequera, cuyas obras está previsto que terminen el próximo mes de diciembre, aunque todavía sin una fecha definitiva de apertura.
El 80% del coste de la instalación lo asumía la Consejería de Turismo y Comercio de la Junta de Andalucía, a través de una subvención con la que se pretende impulsar los Centros Comerciales Abiertos de toda Andalucía. La ayuda constaba de 47.373 euros, poniendo el Ayuntamiento de la ciudad los 11.000 euros restantes.
Polémica
Sin embargo, la Consejería ha denegado la subvención al Consistorio antequerano por presentar una prórroga dos días antes de concluir el plazo de ejecución de la instalación.
El delegado de Turismo y Comercio de la Junta de Andalucía en Málaga, Manuel García Peláez, recuerda que la resolución favorable de la subvención se concedió el 28 de abril, momento, según el delegado, en el que dio comienzo el plazo de ejecución de la obra, que concluyó el 14 de agosto.
No obstante, dos días antes, el 12 de agosto, el Ayuntamiento presentó en la Oficina Comarcal Agraria una prórroga por cambios técnicos en el proyecto, petición que llegó a la delegación cinco días más tarde.
García Peláez informó de que la ley de Procedimiento Administrativo, en su artículo 49.3, señala que «el órgano que da la subvención para poder resolver tiene que tener esa resolución antes de que se termine el plazo de ejecución». Por lo tanto, lamenta Peláez, los servicios jurídicos «no pueden resolver la ejecución del plazo que ya está ejecutado. Algo que tenía que estar resuelto el 14 de agosto» por la Dirección General de Comercio y que llegó cinco días más tarde.
«Esta subvención es por concurrencia competitiva, es decir, se han presentado otros organismos a los que se les ha dicho que no. Si querían hacer un cambio en el proyecto han tenido tiempo más que de sobra para presentarlo por las razones que fueran. Lo podían haber presentado en mayo, en junio o en el mes de julio», opina Manuel García Peláez.
Ante esta negativa, el Ayuntamiento de Antequera ha interpuesto un recurso extraordinario de revisión. De este modo, el alcalde de Antequera, Manuel Barón, considera «que el plazo administrativo cuenta cuando tú registras un documento, no cuando llega a la oficina».
El edil de Seguridad y Tráfico de Antequera, Ángel González, hace hincapié en que «la validez de entrada se considera validez de registro» y denuncia «la indefensión a la que somete al Ayuntamiento».
Por otra parte, la instalación de las 17 cámaras ya ha sido adjudicada a la empresa 8x8, que está instalando la infraestructura necesaria. El proyecto seguirá adelante al margen de si al final se concede o no la subvención. De hecho, el regidor antequerano señala que asumirá el coste con fondos propios si no le conceden la subvención.
Sea como fuere, los vecinos y comerciantes de Antequera tendrán que esperar varios meses más para sentirse más seguros con las cámaras de videovigilancia.
