Más de dos años han pasado desde que Mónica Gómez falleciera al caer a un canal de riego en Álora. El padre de la menor, Alonso Gómez, denuncia las trabas de la Junta de Andalucía para realizar una prueba de fuerza sobre las placas en el lugar de los hechos. Y es que se ha desestimado hasta en tres ocasiones la entrada al canal, mediante el procedimiento de responsabilidad patrimonial que esta familia interpuso contra el Gobierno andaluz el 13 de marzo de 2014, tras archivarse la denuncia.
El padre de la joven expone que su intención es ver la capacidad de resistencia de las placas que vencieron bajo los pies de su hija en marzo de 2013, cuando ésta tenía 14 años.
Ahora la familia se topa con las obras de soterramiento del canal, que se están ejecutando. Unos trabajos que ellos mismo solicitaron y por las que se muestran contentos. Sin embargo, Gómez lamenta que se destruirán las pruebas que «no nos han permitido hacer antes, pero seguiremos reclamándolas».
En este sentido, Gómez indicó su intención de «parar la obra. Yo tengo derecho a peritar porque aquello es de dominio público. Aquí se han cometido muchas injurias».
A pesar de esto, y aunque esa prueba sea «importante», según el abogado de la familia en el expediente penal, llevado a cabo por la policía, se evidencia la fragilidad de las placas: «La propia policía hace constar en las imágenes que las placas se desprendían haciendo fuerza sólo con la mano».
«Nos deniegan la autorización de acceder a la zona para que seamos nosotros los que hagamos la prueba. No pedimos ni que las hagan ellos», indica el padre de la joven fallecida.
En esta línea, la primera petición de acceso se presentó en septiembre de 2014, y fue desestimada por los servicios jurídicos de la Administración andaluza por considerar que la solicitud debería de haber sido requerida al inicio del procedimiento. En las dos peticiones siguientes (en noviembre de 2014 y enero de 2015) también argumentaban los mismos motivos.
Frente a ello, el abogado de la familia señala la posibilidad de requerir la prueba con posterioridad a la apertura del procedimiento según el artículo 11 de RD 429-1993.
Sea como fuere, Gómez espera que se cierre este capítulo y ser indemnizados por el Gobierno andaluz, a través del procedimiento de responsabilidad patrimonial, abierto hace más de un año, y que está aún sin resolver.
«Pedimos ser indemnizados por una negligencia que cometió la Junta, pero también queremos que se haga justicia y demostrar que las placas estaban en mal estado. Que paguen por la imprudencia que cometieron al no arreglar el canal», concluye el padre de la menor fallecida.
