El presidente del Tribunal del Jurado ordenó ayer la busca, captura e ingreso en prisión del ex secretario-interventor de Cuevas del Becerro, I. M. G. J., por no presentarse en el juicio que debía haber dado comienzo el lunes ante un jurado por malversación y falsedad en documento público, delitos por los que se le piden 12 años de prisión. La suma supuestamente malversada, e incorporada a su patrimonio, es de 338.247 euros.

El juicio debería haber comenzado ayer al mediodía, pero ni siquiera su abogada defensora tenía noticias del paradero de su cliente. El Tribunal del Jurado ha sido citado hoy a las diez de la mañana, dado que el día de ayer lo ocupó la Policía Nacional en buscar al encausado, incluyendo su domicilio particular. Si dieran con él, lo llevarán hoy al banquillo. Si no, el juicio no se podrá celebrar hasta que lo encuentren.

Según consta en la calificación fiscal, el acusado «ha prestado en el Ayuntamiento de Cuevas del Becerro los servicios de secretario e interventor en acumulación desde el 29 de enero de 1987 hasta el 20 de diciembre del 91, y como titular de la Secretaría-Intervención desde el 29 de abril de 1994».

Así, en su función de secretario-interventor, «y prevaliéndose de dicho cargo, procedía, con ánimo de lucro, a rellenar cheques en blanco». Éstos, siempre según el fiscal, estaban firmados previamente por el alcalde y el teniente de alcalde «para atender a pagos urgentes, sin que existiera justificación de dicho abono ni mandamiento del mismo ordenado» por el regidor de la corporación municipal, de forma que ingresó presuntamente «aquellas cantidades en su propio patrimonio».

En concreto, durante tres años, 2007, 2008 y 2009, libró esos cheques del Ayuntamiento de Cuevas del Becerro en 28 ocasiones, relata el fiscal en el escrito.

El acusado hizo suyos, por tanto, «un total de 338.247 euros», dice el acusador público. El procesado, añade, para tratar de «justificar algunas de estas cantidades, elaboró tres mandamientos de pago, uno fechado el 8 de enero de 2009 y dos el 13 de enero de 2009, por un importe total de 6.440 euros, sin corresponder a realidad alguna, sin justificación de dichas cantidades ni aprobación previa por parte de la corporación local».

Los hechos han sido calificados como un presunto delito continuado de malversación de caudales públicos, por el que se piden para el secretario siete años y medio de prisión y su inhabilitación durante 15 años, y un delito de falsedad en documento público, por el que se le piden cuatro años y medio de cárcel, 5.300 euros de multa y un cuatrienio de inhabilitación para cargo público.