Un vecino jubilado de Alozaina, José Merino, está viviendo una pesadilla judicial que denuncia que puede dejarle en la ruina. Hace más de diez años decidió construir seis naves de aperos, en seis parcelas rurales que compró en Yunquera, como forma de inversión, con los ahorros de toda una vida trabajando en el sector de la construcción.

Todas las naves tienen licencia de obra del Ayuntamiento de Yunquera, «pero en vez de levantarlas de 40 metros cuadrados construidos -como recogen las licencias- me las construyeron de 40 metros cuadrados útiles, lo que supone unos metros cuadrados más».

Un vecino lo llevó ante los tribunales por exceso de construcción y un juez le ordenó derribar lo ilegalmente construido, esto es, lo construido en exceso al margen de la licencia de obra, como señala el propio juez en una providencia, según explica este vecino.

Durante ocho años, José Merino ha intentado legalizar las naves en los tribunales «porque no son mansiones, sólo se han excedido unos metros» pero esa tardanza se ha vuelto en contra suya.

«Algunas naves tenían 20 centímetros de altura más de lo permitido -cuenta José Merino- y he retirado tanto el exceso de construcción como las vigas del porche que tenían las tres naves que están terminadas -las otras tres están en estructura-», cuenta este vecino.

«Las he dejado en los 40 metros cuadrados construidos que recogen las licencias de obra pero por haber tardado ocho años en hacerlo el juez me ordena ahora derribarlas todas. Eso no puede ser -afirma José Merino- ahí tengo invertido todos mis ahorros. Cada nave me costó 30.000 euros. Están todas diáfanas y sin chimeneas. Derribarlas me costaría unos 4.000 euros cada una, eso sería mi ruina. ¿Por qué me ordenan derribarlas todas cuando la mayoría de las naves de apero de la zona son más grandes que las mías e incluso tienen chimenea?», se pregunta este vecino.

José Merino insiste en que sus naves tienen licencia municipal y paga religiosamente el Impuesto de Bienes Inmuebles como si fueran residencia, «que es incluso tres veces más caro que si estuvieran contabilizadas como naves de aperos, que es lo que son».

El Ayuntamiento de Yunquera ha emitido un informe en el que confirma que todas las irregularidades se han subsanado; se ha derribado aquello en lo que se excedía y las naves se ajustan a las licencias.

El problema, según Merino, es que el juez no ha tenido en cuenta el informe del Consistorio, sino que ha pedido un informe a la Junta de Andalucía «y ésta dice que tengo que derribarlas porque están en parcelas improductivas cuando en la Sierra de las Nieves apenas hay parcelas productivas ya que son todas muy empinadas -añade-. Aquí la gente las tiene para cobrar las peonadas pero no se pueden trabajar como en Antequera porque la orografía del terreno no lo permite».

Casado y con dos hijos, de 12 y 10 años -el pequeño con síndrome de George, una enfermedad rara y una discapacidad del 93%- José Merino denuncia que no entiende que la presidenta de la Junta de Andalucía, Susana Díaz, no pare de decir en televisión que van a regularizar las construcciones de buena fe y a él le ordenen tirarlas.

Su abogado ha presentado un recurso de queja ante la Audiencia Provincial y afirma que el juez no puede cambiar la condena por el hecho de que su cliente haya tardado ocho años en cumplirla. «He hecho lo que me han exigido, tarde, pero lo he hecho, y ahora me exigen derribarlas. Esto es mi ruina», afirma José Merino.