José Merino, vecino prejubilado de 57 años que esperaba que esta semana demolieran las seis naves de aperos que levantó con todos sus ahorros en Yunquera, sigue aferrándose a las posibilidades que le ofrece el juez. Ayer mismo, supo a través del arquitecto del Ayuntamiento del municipio que el Juzgado había aplazado durante dos meses el derribo que parecía inminente.
En este sentido, Merino aclara que este plazo habría comenzado a cumplirse a partir del pasado mes de diciembre, por lo que cree que en febrero se acabará el aplazamiento.
Pese a esta nueva decisión, José no ve ninguna esperanza: «Las naves serán derribadas igualmente, aunque yo las adapté; se trata de una sentencia firme del juez». El derribo supondría, según su abogado, el cobro de una indemnización que para el afectado no supone ningún alivio.
Tras la denuncia de un vecino, José Merino tuvo que adaptar algunas de las naves por sobrepasar su construcción lo permitido por las licencias. A pesar de adaptarse a lo legalmente permitido, los tribunales le obligan a derribarlas bajo el dictamen de la Junta de Andalucía, aunque hay un informe en contra del Consistorio yunquerano.
Desde el pasado mes de diciembre, José Merino espera que derriben las naves de aperos en las que invirtió cerca de 200.000 euros. «Yo soy un trabajador. Ese dinero lo gané con el esfuerzo de toda la vida y ahora me van a dejar en la ruina». Además, incide en que hay muchas más naves en las mismas condiciones o peores pero sólo derriban las suyas.
«Por la Sierra de las Nieves habrá por lo menos 50 naves de aperos que son más grandes que las mías. Yo llevo pagando el Impuesto de Bienes Inmuebles de estas naves 10 años como si fueran viviendas. Podría pagar 30 euros por cada una y pago casi 200 euros y encima me las van a derribar», lamenta este vecino, quien insiste en que «todo es una injusticia» y señala los 1.400 euros que paga de hipoteca al mes por estas naves.
«Mis naves son legales, las adapté como me exigió la justicia, pero parece que eso no ha valido. Hasta el Ayuntamiento y el secretario se sorprenden. La Junta de Andalucía ha promovido que me las echen abajo. Mucha palabra pero poco ayudar a las personas que lo necesitan», subraya.
Merino afirma que su familia llega apurada a fin de mes: «Vivimos de mi pensión y mi mujer trabaja de vez en cuando en lo que va saliendo». José Merino manifiesta que no duerme por las noches esperando un final para esta historia, que parece que será la demolición.
«Tengo depresión porque he invertido todos los ahorros de mi vida y con la pensión de jubilación no me llega, y encima me hacen esto», concluye este vecino, que asegura sentirse frustrado por no poder dar todo lo que necesita a sus dos hijos, de 12 y 10 años, el más pequeño paralítico y con síndrome de George, una enfermedad rara que le ha provocado una discapacidad del 93 por ciento.
El siguiente paso para conocer el desenlace del drama de José Merino se producirá en el mes de febrero, cuando, previsiblemente, volverá a recibir una orden de derribo y, tras ello, ya parece que no habrá solución.
