Izquierda Unida registró este martes una iniciativa en la Diputación de Málaga para que se establezca una rebaja del 50% sobre el precio fijado para la entrada al Caminito del Rey para todas las personas que acrediten que residen en la provincia de Málaga. Esta petición se suma a la abierta por un vecino de Mijas, Emilio Calvo, en la plataforma change.org, solicitando que los malagueños paguen un máximo de tres euros por acceder a este entorno natural.

La coalición también propone reservar entradas los fines de semana para todos los ayuntamientos de la provincia, estableciendo un cupo de 250 semanales, a repartir entre cinco municipios malagueños, contando cada uno de ellos con 50 entradas.

Durante su primer año de funcionamiento, el Caminito del Rey ha sido gestionado directamente por la Diputación de Málaga, siendo gratuito su acceso, el cual se comenzará a cobrar a partir de abril cuando la gestión pase a manos privadas. «Este primer año no ha estado exento de polémica, ya que aunque las entradas se ofrecían de forma gratuita a través de la plataforma virtual habilitada al efecto, los ayuntamientos implicados decidieron repartir entradas a distintos comercios de sus municipios y estos han estado ofreciéndolas a cambio de una consumición en su local, práctica que fue denunciada y que se suprimió», indicó la diputada de IU Teresa Sánchez.

«Es ahora cuando la Diputación en connivencia con los municipios de Álora y Ardales, en la comisión de seguimiento del Caminito, decide poner en manos de empresas privadas la gestión de esta infraestructura turística tan relevante para la provincia y en especial para sus municipios del interior», manifestó Sánchez.

La diputada añadió que «este es el eterno mantra de este país, con financiación pública creamos infraestructuras, las ponemos en funcionamiento, invertimos en su promoción y difusión y cuando todo está a punto, cedemos a empresas privadas la gestión y con ella los beneficios económicos que se podrían gestionar directamente desde esta administración pública».

La diputada de Izquierda Unida añadió que «sólo con la mitad de las visitas previstas y cobrando la entrada de diez euros, la empresa concesionaria ingresará 1,5 millones de euros, gracias a una infraestructura pagada por todos y que tuvo una inversión de 5 millones de euros».

Además de las peticiones antes señaladas, IU también quiere que se establezcan cláusulas para la contratación del personal que incluyan políticas de igualdad, aplicando la transversalidad en las contrataciones que la empresa concesionaria deba efectuar. Igualmente, en caso de que la empresa concesionaria cuente con una plantilla superior a 50 trabajadores, la coalición solicita que se respete la obligación de contratación que establece la LISMI (Ley de Integración Social del Minusválido).

De igual manera, la moción del grupo provincial de Izquierda Unida plantea la elaboración de un reglamento en el que se reflejen claramente los requisitos y características, tanto de los agentes y establecimientos autorizados, como el método de acreditación para las visitas de carácter docente, científico y cultural, y actividades protocolarias y de fomento de la actividad turística en Málaga.