La Junta de Andalucía acusa a los municipios del Valle del Guadalhorce de impedir que se agilicen las obras pendientes para mejorar la depuración de las aguas en la comarca. Así lo manifestó ayer el consejero de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio, José Fiscal. Al respecto, indicó que su departamento está trabajando en las depuradoras del Bajo Guadalhorce y Guadalhorce, pero lamentó la «falta de acuerdo entre municipios».

Estas palabras las pronunció a raíz de la pregunta formulada por el parlamentario José Antonio Castro (IU), durante una sesión del Parlamento de Andalucía, acerca de los vertidos que se producen actualmente en el río Guadalhorce y que pueden resultar gravemente perjudiciales no sólo para el entorno medioambiental, sino incluso para las personas.

«Las poblaciones más próximas no tienen ningún filtro; e incluso nosotros fuimos a verlo. Aunque suene soez, era un río de mierda; y como hemos tenido años de sequía nos encontramos con que huele a mierda a todas horas», defendió el propio parlamentario malagueño, en relación a «la preocupación de su formación porque el río tiene protegida la desembocadura».

De hecho, como expresó Castro, en el entorno del límite litoral entre los municipios de Málaga capital y Torremolinos se localizan especies en peligro de extinción y es, además, «lugar de paso de aves migratorias». El responsable de la Junta compartió la preocupación de Castro por este asunto. Fiscal remarcó no obstante «que la responsabilidad de lo que sucede es compartida con las entidades locales, porque son las que tienen competencia a ese respecto y la Junta presta auxilio».

Como el aeropuerto de Castellón

«Estamos trabajando desde 2003 -matizó el consejero-, cuando se definen las aglomeraciones urbanas del Guadalhorce y Bajo Guadalhorce, pero tan importante es construirlas como el que se exploten y no queden paradas como el aeropuerto de Castellón», argumentó en el Parlamento.

Aludió además a que al aglutinarse estas depuradoras a varios municipios «tiene que haber un ente supramunicipal» que ejerza las labores de coordinación, «pero no existe consenso entre los municipios pasa crear ese ente, encargado de la recepción de las infraestructuras de depuración» dijo Fiscal.

La Junta reiteró que se ha esforzado durante años para impulsar las correspondientes entidades de gestión, «que deben constituirse con el consenso de los ayuntamientos, así como para ejecutar las obras de depuración». El asunto, como reconocieron todos, «huele mal», pero no hay plazos ni horizontes.