El alcalde de Coín, Fernando Fernández Tapia, su homólogo en Pizarra, Félix Lozano, y la diputada de Medio Ambiente, Marina Bravo, respondieron ayer a las declaraciones del consejero de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio, José Fiscal, quien acusó a los ayuntamientos de no ponerse de acuerdo para constituir los entes necesarios para la gestión y mantenimiento de las depuradoras en el Bajo Guadalhorce.
En este sentido, Fernández Tapia consideró que se trata de «una mentira más de la Junta para no cumplir con sus competencias y seguir discriminando a nuestra comarca».
El regidor de Coín indicó que los ayuntamientos han sido los que han mostrado su compromiso para que este proyecto se ejecute, aprobando en dos ocasiones el convenio que les presentó la Junta y su modificado, asegurando que en el documento reflejaban la creación del ente de gestión tres meses antes de la terminación de la obra. «No han construido los colectores ni pagado las indemnizaciones a los propietarios de los terrenos afectados, ni tampoco han dado ni un paso en la obra de la estación depuradora de aguas residuales, así que es una irresponsabilidad culparnos de los retrasos de la construcción a los ayuntamientos», añadió.
Fernández recordó que este proyecto se planteó en 2003 y que en 2015 se debía estar cumpliendo con el vertido cero. Además, insistió en que todos los ciudadanos del Guadalhorce pagan en su recibo un canon por depuración sin que se reciclen las aguas.
Por su parte, la diputada de Medio Ambiente insistió en el grave daño ecológico que se está produciendo en el río Guadalhorce y su desembocadura debido a los vertidos de una población superior a los 100.000 habitantes. «Esta situación podría ser irreparable si se siguen echando las aguas fecales a nuestros ríos y acuíferos», señaló Bravo, que recordó que la Junta, teniendo la obligación de destinar los fondos europeos que recibe a la construcción de estas infraestructuras, no las realiza y encima sanciona por los vertidos a los ayuntamientos.
En esta misma línea se pronunció el alcalde de Pizarra que, desde la misma parcela en la que se emplaza el proyecto, aseguró que «los ayuntamientos han hecho los deberes» y pidió al consejero que se reúna con los representantes de las localidades afectadas «para conocer la realidad de esta comarca».
El coordinador de la Plataforma en defensa del Guadalhorce, Francisco Rueda, se unió también a la indignación de los alcaldes.
