La Sección Tercera de la Audiencia de Málaga continuará este lunes y el martes el juicio por el denominado caso 'Arcos', sobre la presunta corrupción urbanística en el municipio malagueño de Alcaucín. Está previsto que la Sala retome la vista oral con la continuación de la declaración del exalcalde de dicha localidad José Manuel Martín Alba, que ya comenzó el pasado 28 de noviembre.
En esta causa se juzgan, entre otros, delitos de fraude, malversación, prevaricación, falsedad documental, contra la ordenación del territorio, estafa, cohecho, blanqueo de capitales, tráfico de influencias, uso de información privilegiada y actividades prohibidas a funcionarios.
El juicio comenzó con 48 acusados, pero ocho mostraron su conformidad con los hechos por los que iban a ser juzgados, entre ellos el exsecretario municipal y las dos hijas del exalcalde, acusadas de blanqueo. Además, tras analizarse parte de las cuestiones previas, la Sala estimó la prescripción de delitos por los que se acusaba a dos procesados, por lo que finalmente se juzga a 38 personas.
La mayoría de los procesados en esta causa, investigada en el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 3 de la localidad malagueña de Vélez-Málaga, son empresarios dedicados a la promoción urbanística; aunque también están, además del exregidor, funcionarios municipales o de la Diputación; arquitectos; intermediarios y abogados o asesores urbanísticos.
A Martín Alba se le acusa inicialmente, según la calificación del fiscal a la que tuvo acceso Europa Press, de los delitos de fraude, falsedad, falsedad en documento oficial, cohecho, blanqueo de capitales, malversación, tráfico de influencias, uso de información privilegiada y prevaricación o prevaricación urbanística. Le piden 226 años de cárcel.
Alba comenzó a declarar y dijo que daba licencias "sin más, de forma automática", porque era la manera "rutinaria" de concederlas; pero insistió en que tenía "conocimiento cero" de urbanismo y en que "nunca" leyó las normas del planeamiento --con unas 40 hojas, según el fiscal-- porque "no tenía tiempo" y estaba "en otros menesteres porque el alcalde era el que tenía que llevarlo todo".
Aseguró que fue regidor desde 1991 --antes fue ganadero, hizo "chapuzas de obras" y "cosillas" en el cante porque es aficionado, según afirmó en el juicio--; pero no tenía conocimiento de lo que conllevaba la modificación del suelo. Apuntó que en 2002 o 2003 "me informaba en la Diputación con otros técnicos" y que se limitó a permitir reformar viviendas en el campo, "con los servicios de agua, alcantarillado, alumbrado público y teléfono".
"Le vuelvo a decir que mi actuación no fue nada más que la continuación de la forma de operar que había a lo largo de todos los años en la corporación, se lo he dicho muchas veces ¿Quiere que se lo diga de otra manera? Era la forma de operar, yo daba la licencia sin más, como la dieron otros alcaldes y en otros sitios, que no era en Alcaucín solo", manifestó.
Los hechos
Según consta en las conclusiones iniciales del fiscal, Martín Alba, durante la segunda mitad de su mandato, "coincidiendo con el periodo de mayor auge urbanístico y con una creciente demanda de suelos urbanizables que escaseaban" en este y otros municipios, "aprovechó la ausencia de controles eficaces para desempeñar esos cargos a su antojo, prescindiendo de la norma urbanística cada vez que le convenía".
También operó, a través de otras personas, como intermediario o corredor de fincas, "obteniendo importantes ingresos económicos, siendo ese el origen de parte de los 240.000 euros de cuentas corrientes y productos financieros y de los 160.000 euros en billetes que escondía en su domicilio bajo un colchón", que fueron intervenidos en el registro de su domicilio.
La Fiscalía sostiene que se "multiplicaron" las infracciones urbanísticas y que el Ayuntamiento no sólo hizo "dejación de sus responsabilidades en materia de disciplina urbanística, sino que trató de solaparlas promoviendo nuevos instrumentos de planeamiento basados en un desmesurado aumento de suelo edificable", que no prosperaron por las nuevas normas supramunicipales con las que la Junta de Andalucía neutralizó el riesgo de crecimiento incontrolado.
Así, para el ministerio público, "proliferaron las construcciones clandestinas", por un lado a base de viviendas unifamiliares en suelos rústicos, partiendo de parcelaciones "prohibidas" en la legislación; por otro mediante bloques de apartamentos en las zonas adyacentes a núcleos de población, que "sistemáticamente" se autorizaban en parcelas reservadas para viviendas unifamiliares o directamente sobre suelo no urbanizable, con un resultado "caótico".
También se aprovecharon "fallos del sistema", destacando "tanto los numerosos informes técnicos sin ningún control de la Diputación para encubrir infracciones urbanísticas de mayor importancia, como la frecuente manipulación del Catastro, siempre gracias a la colaboración de funcionarios". En esta última modalidad, "se aprovechaban supuestas fisuras que permitían introducir en las bases edificaciones que no existían en la realidad".
Unas veces, apunta Anticorrupción, eran viviendas diseminadas que todavía no estaban construidas y que sin embargo ya tributaban en el Impuesto de Bienes Inmuebles; y otras con la "fraudulenta" inserción de casas en ruinas susceptibles de rehabilitación, "que tampoco respondían a la realidad". En muchos casos el resultado fue "la construcción de grandes residencias, impropias de terrenos de tan alto valor ecológico".
