Sequía

Una batalla burocrática bloquea el trasvase de agua desde Iznájar a Antequera

El Colegio de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos asegura que la forma idónea de acometer este proyecto sería estableciendo un convenio a tres bandas entre los propios ayuntamientos, la Administración autonómica y el Estado

18.09.2017 | 07:00
Camiones cisterna reparten agua en la localidad de Fuente de Piedra.

La sequía sigue golpeando de manera notable a los municipios de la zona norte de la provincia de Málaga. Sin embargo, uno de los proyectos que podría dar solución a esta situación, el trasvase desde el pantano de Iznájar (Córdoba) a la comarca de Antequera, sigue bloqueado debido a la falta de entendimiento entre las dos principales administraciones implicadas en el mismo: Gobierno central y la Junta de Andalucía, en lo que respecta a sus competencias.

Así, el Estado sigue defendiendo que se trata de una actuación que ha de desarrollar la comunidad autónoma. De hecho, el delegado del Gobierno en Andalucía, Antonio Sanz, afirmó que la Junta es la competente en lo referido a las «conducciones, depósitos y bombeos necesarios» para el trasvase.

Asimismo, dirigentes populares como el diputado provincial Jacobo Florido o el portavoz del PP de Málaga, José Ramón Carmona, consideraron que el trasvase desde Iznájar puede comenzar a ejecutarse ya, pues, según apuntaron, la Junta se declaró como administración responsable del «abastecimiento en alta de la zona norte de la provincia de Málaga» en un anexo de medidas de una orden publicada en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía (BOJA), el pasado 15 de abril de 2016.

En este sentido, la Consejería de Medio Ambiente asegura que ese aspecto ratificado el pasado año «nada tiene que ver con el trasvase de Iznájar a la comarca de Antequera», a la vez que incide en que «no se pueden iniciar las obras». Además, desde la Administración andaluza indica que la competencia para ejecutar el proyecto es del Gobierno central, pues el trasvase se realizará desde la Demarcación Hidrográfica del Guadalquivir, que compete al Estado. Por ello, siguen defendiendo que la actuación sea declarada de interés general del Estado.

De otro lado, el Ministerio de Agricultura, Pesca, Alimentación y Medio Ambiente ha solicitado que se «demuestre que solamente hacen falta cinco hectómetros cúbicos» para que el trasvase cubra las necesidades de los más de 80.000 ciudadanos de las 13 localidades que se verían beneficiadas. Asimismo, piden saber qué actuaciones se van a llevar a cabo y una evaluación ambiental de las mismas antes de tramitar el proyecto y acordar la financiación. Sobre dichos documentos, la Consejería de Medio Ambiente asegura que ya están realizados y que el ministerio «tiene constancia» de los mismos, algo que rechazan desde Madrid.

El representante del Colegio de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos en Málaga, Ángel García Vidal, explica que, en una actuación de este tipo, la administración que debe asumir las competencias y realizar la obra es siempre la receptora del agua, en este caso los ayuntamientos.

Sin embargo, al tratarse de un proyecto que rondaría los 50 millones de euros, una inversión muy elevada para las administraciones locales, la forma más adecuada de llevarla a cabo sería estableciendo un convenio a tres bandas entre Gobierno, Junta y ayuntamientos, en el cual se determine la financiación y competencias a asumir por cada una de ellos.

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