La secretaria general del PP de Málaga y parlamentaria andaluza, Patricia Navarro, ha denunciado que los regantes de la comarca del Guadalhorce “hoy no tienen garantía de riego para sus cultivos por culpa del absoluto caos administrativo de la Junta de Andalucía, que ni siquiera ha provisto del documento de concesión de aguas a las comunidades de regantes porque falta toda la documentación en la Delegación de Agricultura”.
Navarro, que ha mantenido un encuentro con la Asociación Provincial de Regantes (APREMA), el colectivo más importante de este sector al integrar hasta 15 comunidades de regantes, ha calificado como ‘kafkiana’ la situación en la que la Junta mantiene a los agricultores de la comarca del Guadalhorce. “Falta toda la documentación en Agricultura, no tienen ni siquiera el documento de concesión de aguas, las referencias catastrales de las distintas parcelas de regadío no coinciden con la nomenclatura de la propia Junta o no existen documentos de las expropiaciones”, ha denunciado Navarro. Ha añadido que “este caos administrativo tiene dos consecuencias inmediatas muy graves, por un lado impide que las comunidades de regantes puedan optar a ayudas europeas de modernización, y por otro que puedan hacer planes de mejora y arreglar las conducciones porque no tienen la documentación que les ampare”, cuando el mal estado de estas conducciones está haciendo que se pierda entre el 30% y el 40% del agua “sin que nadie ponga remedio”.
La responsable popular ha afirmado con preocupación que “la consecuencia más grave de todo este desbarajuste de la Junta y su total falta de planificación es que “los agricultores hoy no tienen ninguna garantía de que van a poder regar sus cultivos en un futuro, con las consecuencias económicas que tiene para sus explotaciones y para el empleo que generan”, ya que sólo el cultivo de cítricos supone 80 millones de jornales cada año en el Guadalhorce.Falta de planificación
Patricia Navarro ha afirmado que el problema del agua en Andalucía “es consecuencia directa de la falta de planificación por parte de la Junta en todos estos años, un asunto que desde el PP estamos llevando permanente al Parlamento”. Así, la responsable popular ha puesto como ejemplo de esa mala planificación el hecho de que “el pantano con mayor capacidad está en la zona donde menos llueve de la provincia, mientras que en la zona que más llueve probablemente de toda Andalucía hay un embalse con tres veces menos capacidad”.
Además, Navarro ha puesto de manifiesto que “la Unión Europea exige a la Junta aprobar una planificación hidrológica que la Junta incumple de manera sistemática”. En este sentido, ha denunciado que “el programa de medidas asociado a esa planificación es siempre el mismo año tras año, porque no lo cumplen”. Por eso, y atendiendo a las demandas de los propios afectados, la secretaria general de los populares y parlamentaria andaluza ha reclamado que “se empiece desde cero, haciendo un inventario a pie de campo de todas las parcelas, sus propietarios, los planes de riego de cada una de ellas y las necesidades actuales que tienen, para diferenciar los distintos usos del agua de hoy día, que no son los mismos que hace dos décadas”.
“Desde el PP estamos intentando crear una serie de propuestas para paliar o tratar de mejorar el actual problema que existe en la provincia con el agua, y en este caso los regantes exigen borrón y cuenta nueva para poner en orden una situación que no hace más que agravar los problemas de falta de agua que llevan sufriendo años sin que los responsables de la Junta adopten ninguna medida efectiva para evitarlos o prevenirlos”, ha afirmado Navarro.
Sin personal ni vigilancia
No sólo no ha adoptado medidas, sino que, según las propias comunidades de regantes, la gestión del Gobierno andaluz ha ido de mal en peor con el paso de los años. Así, han puesto como ejemplo que “mientras que en la antigua Confederación Hidrográfica había un departamento con 15 funcionarios para todas las gestiones, hoy sólo hay una persona a cargo de toda Andalucía Oriental”. Esa circunstancia provoca que se acumulen hasta 5 años de retraso en las respuestas a las solicitudes que se presentan o que de los 12.000 recibos que se emiten mensualmente para el cobro se devuelven el 45% de ellos al no estar actualizados y revisados los datos.
A eso se une que la plantilla de vigilantes de explotación en provincia está asimilada al Convenio de Oficinas, por lo que las tareas de vigilancia se reducen a un horario muy limitado y las incidencias durante la noche o en fines de semana no se atienden hasta el día o la semana siguiente.
Una circunstancia que ha propiciado que, según las propias comunidades de regantes del Guadalhorce, en esta comarca se estima que pueden existir al menos 60.000 pozos ilegales o que con los robos directamente del canal principal se está perdiendo entre un 10% y un 15% del agua que debería llegar a los cultivos.
Según Patricia Navarro, “son problemas que se vienen reproduciendo y denunciado desde hace muchos años sin que se haya movido un dedo por parte de la Junta más que para cobrar religiosamente el canon del agua”. “Si mostraran los responsables de la administración andaluza la misma diligencia para resolver todos los líos que han provocado con su nefasta gestión, hoy los regantes del Guadalhorce tendrían garantizada el agua para riego año tras año”, ha concluido.
