La prisión de Archidona, CIE temporal

Los inmigrantes de la cárcel de Archidona, sin agua potable de la red

El Gobierno se encuentra aún trabajando en una planta de osmosis para el centro penitenciario

22.11.2017 | 05:00
Camión cargado de agua embotellada llega al centro penitenciario de Archidona

El presidente de la Agrupación de los Cuerpos de la Administración de Instituciones Penitenciarias (Acaip), José Luis Pascual, ha expresado este martes el rechazo del sindicato a la decisión del Ministerio de Interior de habilitar como Centro de Internamiento de Extranjeros (CIE) la nueva cárcel de Archidona, aún sin inaugurar. Así, la prisión ya ha alojado a más de 460 inmigrantes irregulares llegados a las costas de Murcia, los cuales no cuentan con agua potable, ya que aún no se ha concluido la planta de osmosis que permitirá potabilizar el suministro que llega al centro penitenciario.

"La sensación que tenemos es que se está abandonando a las personas. Muchos extranjeros hablan dialectos que no se pueden traducir. ¿Cómo se les dice que no beban esa agua?", ha apuntado Pascual. Así, esa agua potable tiene que ser suministrada a través de empresas de alimentación.

Asimismo, ha hecho hincapié en que no funcionan los detectores de humo del centro penitenciario, además de no haber personal para asistencia sanitaria, Servicios Sociales, culturares y deportivos. "Lo único que hay es una oferta para traer a la cárcel a 52 policías en asignación temporal", ha dicho.

"Si en 24 horas siguen los internos en la cárcel, iniciaremos las acciones legales que ya están elaborándose en nuestro servicio jurídico", ha recalcado Pascual. "Hay un atentado clarísimo contra los derechos humanos, es una situación alarmante", ha reconocido, a la vez que ha asegurado que los extranjeros "han tenido problemas por la noche, ya que ha habido trabajos nocturnos de empresas". "Han dormido algunos con las celdas cerradas y otros con las mismas abiertas", ha añadido.

De igual forma, el responsable de Acaip ha señalado que en la cárcel no hay actualmente "nadie que conozca su funcionamiento". "La Sociedad de Infraestructuras y Equipamientos Penitenciarios (Siep) estuvo ayer formando al personal de mantenimiento, que no puede continuar y que no tiene dentro de sus competencias hacerse cargo de personas", ha apuntado.

Desde el sindicato sospechan que la intención del Gobierno es que la infraestructura de Archidona funcione de manera compartida como prisión y como CIE. "Esto sería una aberración y una barbaridad. Habría que cambiar la legislación para que eso fuera posible", ha indicado Pascual.

"Es una ocupación clara y evidente de unas instalaciones que están aprobadas para un fin y que ha sido cambiado ese fin de hecho, pero no de derecho. Hay otras soluciones, nunca una cárcel. El que entra en la cárcel debe entrar con un mandamiento de prisión, es el último recurso de aplicar la ley. Para aquellos que no la han incumplido esto es intolerable", ha resaltado el responsable de Acaip.

Así, ha explicado que el centro penitenciario fue creado como infraestructura para el cumplimiento de penas privativas de libertad, como así se publicó en el BOE del 18 de marzo de 2017.

De otro lado, Acaip ha pedido, a la mayor brevedad posible, el traslado de todos los funcionarios de prisiones que han obtenido destino en la cárcel de Archidona en el reciente concurso de traslados de los servicios periféricos de la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias. Asimismo, solicitan que se abra inmediatamente la prisión.

Además, el sindicato ha exigido el cese inmediato del secretario general de Instituciones Penitenciarias, Ángel Yuste, por su "manifiesta incompetencia para el desarrollo de los quehaceres diarios de la institución".

Por su parte, la alcaldesa de Archidona, ha pedido al Ejecutivo central que cumpla con la legislación en materia de internamiento de inmigrantes, para lo que estarán "vigilantes". Así, ha recalcado que el secretario de Estado de Seguridad, José Antonio Nieto, le aseguró que la medida es "excepcional y provisional", con una previsión de que los inmigrantes permanezcan no más de 40 días en las instalaciones.

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