Convertida en CIE

El Defensor del Pueblo detecta muchas carencias en la prisión de Archidona

Fernández Marugán ha hecho diez sugerencias para que los más de quinientos inmigrantes argelinos gocen de los mismos derechos y garantías que si estuvieran en un CIE

02.12.2017 | 05:00
Familiares de los internos en la cárcel de Archidona, en los exteriores de la prisión.

«No se cuestiona el traslado a Archidona»

  • El Ministerio Interior se felicitó ayer por el hecho de que el Defensor del Pueblo «no cuestiona el traslado a Archidona» de los inmigrantes, que es «la cuestión de fondo» y que, de hecho, «resulta relevante que dicho centro no haya iniciado su actividad penitenciaria», así como reconoce «el esfuerzo llevado a cabo por los funcionarios de la Comisaría General de Extranjería y Fronteras para la habilitación de estas dependencias en tan breve plazo». En la misma línea, el presidente de la Comisión de Interior del Senado, el popular Sebastián González, recordó que primero hay que prestarles atención humanitaria y después hay que «cumplir la ley». En este sentido, destacó que será un juez el que decida si son expulsados o se quedan en el país. UGT, por su parte, aseguró ayer que el Gobierno central usa el internamiento de estos inmigrantes argelinos para demorar la apertura de la cárcel. Hay 300 funcionarios ya esperando para empezar a trabajar en Archidona e, incluso, habían matriculado a sus hijos en colegios de la zona.

Interior asegura que ha subsanado todas las deficiencias detectadas y Andalucía Acoge ha presentado una queja al juzgado

Continúa la avalancha de críticas por la reclusión en la cárcel de Archidona, aún no inaugurada oficialmente, de más de medio millar de inmigrantes argelinos (572) a la espera de conocer si serán expulsados o no del país. El Defensor del Pueblo en funciones, Francisco Fernández Marugán, ha detectado en la prisión «numerosas carencias» tras la visita del pasado lunes y ha hecho diez sugerencias y un recordatorio de deberes legales a la policía, informó ayer la institución.

Las sugerencias pretenden que los inmigrantes argelinos gocen de los mismos derechos y garantías que en un Centro de Internamiento de Extranjeros (CIE), un edificio que no existe en la provincia desde que fue desmantelado el de Capuchinos. Los inmigrantes fueron recluidos en una prisión pese a no haber cometido ningún delito.

A pesar de que las instalaciones presentan mejores instalaciones arquitectónicas que cualquier CIE, el Defensor «tiene dudas sobre la idoneidad de su empleo para este fin, dado que las mismas habían sido designadas ya como centro penitenciario», aunque cree «relevante» que dicho centro no haya iniciado su actividad penitenciaria. Fernández Marugán ha reconocido el esfuerzo de los funcionarios de la Comisaría General de Extranjería y Fronteras para habilitar estas dependencias, pero advirtió de que la premura ha supuesto que «no todos los servicios, incluso algunos elementales, estén operativos».

Así, los internos permanecen en el patio desde el desayuno a la cena, sin poder pasar al resto de zonas comunes, incluidos los baños, y esta ausencia de horarios favorecen los incidentes entre ellos. Además, no favorece la normalización de la convivencia que la gestión de los internos la hagan agentes de la Unidad de Intervención Policial (UIP) con su uniformidad e instrumentos habituales, añade el Defensor del Pueblo, quien subraya que «no se están respetando las reglas mínimas para la custodia de las personas internadas en un CIE», como una atención sanitaria suficiente, información sobre normas mínimas de funcionamiento del centro y un horario y actividades. Según los afectados, el traslado se realizó con los inmigrantes unidos por la muñeca contraria mediante bridas.

Asimismo, las visitas de familiares se realizan en locutorios cerrados con mamparas aislantes de cristal, mediante teléfono, y la privacidad no está garantizada. El Defensor aclara que en los autos de autorización de internamiento que emitieron los juzgados no consta el lugar exacto en el que se produjo la detención de estas personas, cuando la norma establece que el instructor competente es el del lugar de la detención. «Además, salvo en los autos de Elche, no se entra a valorar el hecho de autorizar el internamiento en unas instalaciones» penitenciarias.

En este sentido, el centro recibe diferentes denominaciones en los distintos autos, lo que despierta suspicacias en el Defensor del Pueblo por la información facilitada a los juzgados; ha sugerido sustituir a los agentes por policías que trabajan en los CIE, que los médicos reconozcan de inmediato a los internos y establecer atención sanitaria 24 horas.

Reclama que cada interno pueda disponer de sus objetos personales y vestuario, que este sea sustituido con frecuencia, un horario diario de actividades y visitas de familiares privadas y sin mampara, así como medios materiales para que los internos puedan comunicar su detención y lugar de internamiento a sus familiares, que puedan presentar quejas y reclamaciones y devolverles las copias de los autos y su documentación. Pide a la policía que vele por que no haya peleas.

El Ministerio del Interior aseguró ayer que se habían solventado las carencias señaladas por los técnicos del Defensor del Pueblo en su visita del 23 y 24 de noviembre. Así, ya han sido reconocidos por un médico y tienen la atención permanente de cinco médicos y cinco ATS. Así, se va a enviar a la cárcel funcionarios de las brigadas provinciales de Extranjería y Fronteras, mientras los UIP seguirán velando por la seguridad. Los inmigrantes pueden hacer uso de los baños situados en la planta baja de los módulos durante las horas de esparcimiento que están en el patio y beber agua del grifo con seguridad; pueden disponer de sus móviles, han hablado con sus abogados y ONG, reciben visitas y tienen un libro de quejas. Asimismo, hay 21 personas de Cruz Roja desde principios de semana.

El presidente de la Comisión de Interior del Senado, Sebastián González, visitó ayer la prisión y confió en que esas carencias hay que subsanarlas y destacó que hubo una avalancha «extraordinaria» de personas y se está cumpliendo la ley.

Por cierto, Andalucía Acoge presentó ayer una queja ante el juzgado de Archidona tras las deficiencias detectadas por su equipo jurídico.

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