Un centenar de personas se manifestaron este sábado frente a las puertas del Centro Penitenciario Málaga II de Archidona para exigir responsabilidades tras el fallecimiento el pasado viernes de un inmigrante ahorcado en su celda, del que aún no se conocen las circunstancias oficiales de la muerte, aunque todo apunta a un suicidio en su celda. Los asistentes, entre gritos «No es un suicidio, es un asesinato», pidieron la inmediata paralización de las expulsiones pendientes de estos inmigrantes hasta que no se esclarezcan las circunstancias de los hechos.
La manifestación fue organizada por la Plataforma Ciudadana contra el CIE de Archidona para exigir la dimisión del Ministro del Interior, Juan Ignacio Zoido, y pedir que se investiguen las circunstancias de la muerte de este ciudadano argelino de 36 años, ya que si siguen las deportaciones «las personas que presenciaron los hechos estarán mañana en Argelia y todo quede en el limbo», según declaró Rubén Quirante, uno de los portavoces de la organización.
Al acto asistió Remedios Ramos, coordinadora de IU en Málaga capital, que afirmó que «ya lo avisó Alberto Garzón», y que se va a estudiar la posibilidad de llevar al Gobierno y a Zoido a los tribunales, «ya que no es lógico que se encarcele a 400 personas». Junto a la plataforma, solicitan un lugar de tránsito donde puedan permanecer estos inmigrantes durante algunos días mientras localizan a sus seres queridos, que pueden estar en otros países y «que simplemente vienen buscando una vida mejor».
La alcaldesa de Villanueva de Tapia, Encarna Páez, también manifestó su rechazo a la situación y leyó un comunicado de la Plataforma contra los CIE y deportaciones a nivel estatal en el que se denuncia la muerte de este ciudadano argelino mientras esperaba su deportación. Afirma la plataforma que este fallecimiento es «un asesinato más, producto del racismo institucional que supone la política migratoria basada en el cierre y la deportación».
Entienden, además, que es responsabilidad directa de Juan Ignacio Zoido y del Ministerio del Interior y por ello convocaron otra movilización que se llevó a cabo en la Plaza de la Merced, con el fin de seguir denunciando «las políticas racistas que han acabado con la vida de esta persona».
Las reacciones al posible suicidio de este inmigrante siguen produciéndose en cascada. El secretario general del PSOE de Málaga, José Luis Ruiz Espejo, exigió al Gobierno central que cierre «de inmediato» la cárcel de Archidona y que cumpla el fin para el que se construyó, «que no es otro que el de centro penitenciario con la dotación adecuada de personal funcionario de prisiones y de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado».
Por su parte, el portavoz de Ciudadanos (Cs) en el Parlamento andaluz, Juan Marín, manifestó que espera que se aclare la muerte del inmigrante y añadió que «un centro penitenciario no es el lugar adecuado para que estén personas que están ya jugándose la vida para llegar a Europa».
La secretaria general del PP andaluz, Loles López, señaló que «hay que esperar a que termine la investigación policial» y «se esclarezca en todos sus extremos» el suceso. En todo caso, y en unas declaraciones en el marco de una rueda de prensa en Huelva, la secretaria general del PP-A quiso, «en primer lugar, lamentar la muerte de esta persona».
La ONG SOS Racismo Madrid también pidió la dimisión de Zoido. La organización culpó al Gobierno de la muerte y cree que se trata de «un asesinato más producto del racismo institucional que supone la política migratoria basada en el encierro y la deportación». Además, acusó al actual titular de interior de haber llevado la «violación de derechos» de los inmigrantes «a un extremo criminal» en el caso de las instalación de la provincia Málaga.
«Con la cárcel de Archidona, el ministro de Interior, Juan Ignacio Zoido, ha llevado la violación de derechos a un extremo criminal: ha usado una instalación penitenciaria como CIE, algo prohibido expresamente por la actual Ley de Extranjería y denunciado por la Defensoría del Pueblo; ha empleado datos falsos para internar a las personas, como está investigando la justicia; ha intentado deportar a adolescentes; y este sábado, como muestra un vídeo, la policía reprimía violentamente a las personas privadas de libertad en Archidona», denunciaron los activistas de la organización.
Por ello, además de la dimisión de Zoido, exigieron el cierre de la cárcel Archidona y de «todos los CIE del Estado Español», así como la liberación de las personas internadas en ellos. Reclamaron también que se inicie «una investigación judicial transparente de lo sucedido» y que se identifique al fallecido.
