la opinión. Madrid
El grupo popular en el Congreso presentó ayer una propuesta de reforma de la Ley de Extranjería que recorta el derecho de reagrupación familiar, amplía el periodo de internamiento hasta un máximo de 70 días y establece la figura del ´contrato de integración´.
El objetivo de esta reforma es "dar un giro de 180 grados para poner orden y control donde ahora hay caos descontrol y desbordamiento", explicó el portavoz del PP para Inmigración, Rafael Hernando, quien aspira a que "España sea un país de oportunidades, y no de falsas expectativas".
Así, Hernando afirmó que el actual flujo de inmigrantes es "un auténtico caos", ya que el Gobierno se limita a anunciar "nuevas medidas que nunca desarrolla" y a realizar una "regularización masiva encubierta", como demuestra el que en los últimos tres meses se hayan concedido 330.000 tarjetas de residencia.
Precisó que, según cifras oficiales, en 2005 se regularizó la situación de 600.000 inmigrantes ilegales; en 2007 fueron 957.000 y en los dos primeros trimestres de 2008 ya van 550.000 regularizaciones.
Parados. Subrayó que la reforma que propone su grupo "es sensata y no se hace contra nadie" y sólo pretende evitar que el Gobierno, con 683.000 parados extranjeros en España, "siga pensando en traer a más gente abocada al paro y la desestabilización del sistema".
Hernando explicó que, actualmente se está produciendo una "regulación encubierta" por la vía del "reagrupamiento familiar en cadena y sin fin", y que las vías de arraigo y contratación en origen están siendo utilizadas para "dar papeles" a quienes ya están en España en situación ilegal.
Para facilitar la resolución de los expedientes de expulsión, el PP propondrá que, en caso necesario, el actual plazo de 40 días de internamiento pueda ser ampliado en 30 días más.
En cuanto al ´contrato de integración´, el PP propone que la persona con un año de residencia que quiera renovar su permiso tenga que firmar un acuerdo por el que la Administración se compromete a garantizar sus derechos y el inmigrante a respetar las leyes, aprender el idioma y trabajar en su propia integración.
Tras conocer esta propuesta, el PSOE acusó al PP de generar alarma social al "manipular" los datos sobre inmigración, mientras que las asociaciones de inmigrantes criticaron la iniciativa al considerar que no va por buen camino ya que está centrada en recortar derechos y no en promover la integración.