EFE
Fuentes del Ministerio Público han explicado a Efe que éste es el motivo por el que la Fiscalía de la Audiencia Nacional, que ayer pidió al juez Fernando Andreu que ordenara prisión para siete presuntos piratas detenidos por la Armada, ha solicitado hoy que esa medida quede sin efecto y que los supuestos corsarios sean entregados a Kenia.
La petición de prisión, según estas fuentes, se hizo "por razones de urgencia" para evitar que los detenidos quedaran en libertad, pero a continuación se consultó con el Servicio de Cooperación Internacional de la Fiscalía General del Estado, que concluyó que el acuerdo UE-Kenia -en realidad, un canje de notas- es de obligado cumplimiento para España.
Ese canje de notas prevé su aplicación provisional "a partir de la fecha de su firma" -el pasado 6 de marzo- a la espera de que cada uno de los países de la UE lo incorporen a sus respectivos ordenamientos internos, lo que en el caso de España implica su ratificación por las Cortes.
El pasado 25 de marzo, la ministra de Defensa, Carme Chacón, anunció en el Congreso que el Gobierno había iniciado ya los trámites para la ratificación del acuerdo, del que dijo que "contempla de forma clara el respeto a los derechos de los detenidos y sus garantías jurisdiccionales, así como la renuncia expresa a la aplicación de la pena de muerte".
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