Condenan al general Navarro a tres años de cárcel por el caso del Yak

La Audiencia condena a 3 años de prisión al general Vicente Navarro, a un año y medio al comandante José Ramírez y al capitán Miguel Sáez .
Video: Los familiares comparten el fallo

EFE La sección primera de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional ha condenado a tres años de cárcel al general Vicente Navarro por falsear de forma consciente la identificación de 30 de los 62 cadáveres de los militares españoles fallecidos en el accidente del Yak-42 el 26 de mayo de 2003.

La sentencia, que también condena a 18 meses de cárcel al comandante José Ramírez y al capitán Miguel Sáez por complicidad con Navarro en el delito de falsedad documental, ha sido contestada por el ex ministro de Defensa Federico Trillo con una declaración en la que ha manifestado su respeto a la resolución, pero sin compartirla.

Además de a los tres años de cárcel, la Audiencia ha condenado a Navarro al pago de una indemnización de 10.000 euros por cada uno de los treinta militares erróneamente identificados como responsable civil, responsabilidad que de no poder cumplir deberá ser asumida por los otros dos acusados y sino por el Ministerio de Defensa.

El tribunal, presidido por el magistrado Javier Gómez Bermúdez, considera probado que 30 de los 62 cadáveres "presentaban tal estado" que no eran identificables de forma visual y Navarro sin realizar "análisis complementario" y "a pesar de ser consciente de que era imposible identificar con tales datos todos los cuerpos" elaboró una lista que "aparentaba que todos ellos habían sido identificados cuando lo cierto es que las identidades habían sido asignadas de forma aleatoria en treinta casos".

Así, según la sentencia, Navarro -que se ha convertido en el primer general de las Fuerzas Armadas condenado por la Audiencia Nacional- "era consciente" de que no tenía identificados 30 cuerpos y, no obstante, "decidió falsear la verdad con lesión del bien jurídico protegido".

"Aun cuando de ello -añade la sentencia- no obtuviera beneficio alguno" ni tampoco "quisiera directamente causar perjuicio a las familias de los fallecidos, requisitos estos -beneficio/perjuicio- que no son exigidos por el tipo penal" de la falsedad.

Los tres condenados, explica la sentencia, "a sugerencia de Navarro con la excusa de dulcificar la descripción de las lesiones, omitieron conscientemente aquellas que podían fácilmente despertar recelos o dudas sobre el proceso de identificación".

Esta falsedad en las identificaciones provocó que las familias de esos militares mal identificados procedieran en algún caso a su incineración pensando que se trataba de su familiar para luego constatar que no era así.

Para el tribunal tampoco es verosímil que dos generales (Navarro y José Antonio Beltrán -que fue imputado en esta causa, pero finalmente no fue procesado-) "firmaran un documento en el extranjero responsabilizándose de la repatriación en condiciones irregulares de 62 cadáveres sin conocer el contenido de lo que estaban firmando" a pesar de trabajar con "un buen intérprete".

Por su parte, Ramírez y Sáez son autores de un delito en grado de complicidad o auxilio no necesario "porque el delito se podría haber realizado sin la colaboración de ellos".

Los familiares de los militares fallecidos han insistido en que hay que determinar las responsabilidades políticas, en alusión al entonces ministro de Defensa, Federico Trillo, cuyo nombre no aparece citado en el fallo de la Audiencia.

A este respecto, la sentencia señala que sólo responde a las cuestiones planteadas en el juicio, "no pudiendo extenderse a otras valoraciones ajenas al objeto procesal ni a la conducta de personas no acusadas y sobre las que, en consecuencia, no se ha practicado prueba ni se ha formado convicción alguna el Tribunal".

El teniente fiscal de la Audiencia Fernando Burgos, que ha ejercido la acusación en esta causa y que pedía cinco años de cárcel para Navarro y cuatro años y seis meses para los otros dos acusados, ya ha anunciado que no recurrirá la sentencia al considerar que ha satisfecho sus tesis con respecto a la existencia de que hubo intención delictiva en las identificaciones erróneas.

A pesar de que la pena a la que ha sido condenado Navarro supondría su ingreso en prisión, éste no irá a la cárcel por ser una pena menor de cinco años que no se ejecuta hasta que adquiera firmeza y con toda probabilidad la defensa del general la recurrirá ante el Tribunal Supremo.

Concentrados en las puertas de la Audiencia porque no les dejaron acceder al edificio, los familiares de los militares fallecidos han afirmado que la sentencia "no cierra las heridas y ni resarce del dolor" y han pedido que se determinen los responsables políticos del asunto, en alusión a Federico Trillo.

El presidente de la Asociación de familiares de víctimas del Yak, Miguel Angel Sencianes, ha declarado que "no queda mucho para llegar a la verdad y no es remoto constatar que Trillo ordenó tapar este asunto, lo que le convierte en encubridor".

Francisco Cardona, padre de uno de los militares fallecidos, ha afirmado que "no es normal que con todas las pruebas sobre la mesa se pongan penas que ni siquiera cumplirán".

Abilio, padre del sargento fallecido Sergio López, ha calificado la sentencia de "suave" y ha señalado que se tenían que haber sentado en el banquillo Federico Trillo y José María Aznar.

Por su parte, el ex ministro de Defensa José Bono se ha declarado "satisfecho" por la sentencia porque "ayuda a descubrir la verdad", y ha agregado que como presidente del Congreso su labor, respecto de los diputados, incluido Trillo, es "formalmente proteger y materialmente no azuzar contra nadie".