la opinión. Madrid
El magistrado del Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) Antonio Pedreira, que investiga en el ´caso Gürtel´ una supuesta trama de corrupción ligada a cargos del PP, ha impuesto una fianza de 1.800.000 euros al ex alcalde de Boadilla del Monte, Arturo González Panero. Se trata de la fianza más alta de las impuestas hasta ahora a los imputados por este caso para asegurar las responsabilidades pecuniarias que pudieran resultar de su actuación.
A González Panero se le achacan los delitos de cohecho, asociación ilícita, fraude fiscal, blanqueo de capitales y falsedad
Hasta ahora, la fianza más alta era la de un millón de euros fijada al ex concejal del PP en Boadilla del Monte (Madrid) José Galeote, padre del eurodiputado de este partido Gerardo Galeote.
Según el auto de imputación del juez de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón, en una reunión entre Martín Vasco y los líderes de la trama, Francisco Correa y Pablo Crespo, se habló de las entregas de cantidades de dinero a González Panero, entre otros. En la contabilidad de la Caja B de la trama se recogen esos supuestos pagos, que ascienden a un importe de 510.000 euros y fueron realizados a través del vicepresidente de la empresa municipal de suelo y vivienda de Boadilla del Monte, Tomás Martín Morales, hombre de confianza de González Panero.
El ex alcalde, que compareció durante menos de una hora ante el juez, se acogió a su derecho a no declarar hasta que se levante el secreto del sumario.
Más ex alcaldes. En las próximas semanas, también serán llamados a declarar en relación con este caso el ex regidor de Arganda Del Rey, Ginés López Rodríguez; el de Pozuelo de Alarcón, Jesús Sepúlveda; y el de Majadahonda, Guillermo Ortega.
Tras conocerse ayer la decisión adoptada por el juez Pedreira, el PSOE de Boadilla del Monte exigió al alcalde del PP de la localidad, Juan Siguero, que reclame a González Panero que entregue su acta de concejal y salga del grupo popular.
Por su parte, la presidenta de la Comunidad de Madrid, Esperanza Aguirre, exigió que se levante el secreto de sumario del caso y defendió la presunción de inocencia de los imputados porque, en su opinión, es una "vergüenza" que éstos desconozcan los delitos de los que se les acusa y esta situación les causa indefensión.