Una asociación malagueña se querella contra Garzón

EFE El Tribunal Supremo ha admitido a trámite la querella interpuesta el pasado 10 de marzo por la asociación 'Libertad e Identidad' contra el juez de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón por un presunto delito de prevaricación que habría cometido al investigar las desapariciones durante el franquismo. De este modo, el magistrado acumula esta causa a la que ya se admitió a instancia de 'Manos Limpias' y les obliga a compartir representación letrada.

En su auto de admisión a trámite, cuyo ponente ha sido el magistrado Joaquín Jiménez, se señala que "resulta palmario" que la querella de 'Libertad e identidad' "es en todo punto coincidente" con la de 'Manos Limpias', al tratarse d ela misma persona querellada y los mismo hechos pronunciados, que son las resoluciones dictadas por el magistrado al considerarse competente para sumir la investigación de las fosas.

Igualmente en ambas querellas coincide la calificación penal, la de prevaricación (dictar una resolución a sabiendas de que es injusta). "Esta situación de triple identidad de querellado, objeto y calificación jurídica propuesta lleva a la admisión de la querella, ya que la actual no es sino una reiteración de la anterior", indica el auto, por lo que reitera los mismo motivos que dio en el caso de 'Manos Limpias' para admitir la causa.

De este modo, la Sala de lo Penal del Alto Tribunal ha acordado acumular esta segunda actuación con la primera para que se tramiten de forma conjunta y por el mismo instructor ya designado, Luciano Varela. Además, el Supremo ha ordenado el "ejercicio conjunto de ambas querellas bajo una misma postulación y defensa letrada", lo que obligará a 'Libertad e Identidad' a ser representada en esta causa por los mismos abogados de 'Manos Limpias', "salvo acuerdos a que puedan llegar ambos querellantes para actuar conjuntamente". Esta decisión está justificada en el auto cómo una manera de evitar "inútiles reiteraciones, así como una artificial complejidad en la tramitación derivada de la pluralidad de las partes que supondría un sacrificio injustificado en el derecho a una rápida respuesta judicial".

Del mismo modo, se añade que si esta posibilidad de da tratándose de perjudicados directos por el delito que habitualmente comparten representación letrada "con mayor motivo tal posibilidad debe ser predicada del supuesto de actores populares que, en su condición de ciudadanos no perjudicados, representan un interés menos intenso".

Segunda querella. Esta segunda querella fue presentada el pasado mes de marzo la asociación malagueña 'Libertad e Identidad', que acusó al magistrado de "jugar con el derecho con el derecho como si fuese plastilina" en relación a su investigación sobre los crímenes del franquismo. Concretamente, esta segunda demanda afirma que las resoluciones de Garzón para investigar las desapariciones del franquismo --antes de inhibirse a favor de los juzgados territoriales-- son "manifiestamente injustas" y acusa al juez de incurrir en un "fraude de ley" al "eludir por un lado las normas de prescripción de delitos, irretroactividad de la norma penal y por otro lado aplicar otras normas no procedentes como convenios internacionales y delitos de detención ilegal permanente y contra la forma de Gobierno".

El escrito de 91 folios de la querella de Libertad e Identidad fue presentado en persona por el portavoz de esta asociación, José Manuel Medina. La asociación, creada en 2006 y afincada en Málaga se presentó ante los medios asegurando que busca "la regeneración de las instituciones, de la sociedad y de la familia".

Según matizaron, la querella no busca ir ni contra la ley de Memoria Histórica ni contra las víctimas, sino "contra la acción de Garzón, que lo que buscaba era una foto ante la tumba de García Lorca a sabiendas de que su familia se oponía a su exhumación".

Además la asociación denunciaba la "ilegalidad" del proceso que, a su entender "no ha respetado la Ley de Amnistía de 1977, que fuera establecida por las mismas Cortes Constituyentes que elaboraron la Constitución, y que supuso el perdón a todas las personas implicadas en posibles delitos en la Guerra Civil y posteriormente". "Ha dictado las resoluciones a sabiendas de que son injustas", insistía la querella, que se refería a los autos que el 16 de diciembre de 1998 y el 6 de marzo de 2000 dictó el juez para no admitir una querella contra Santiago Carrillo (para juzgar su responsabilidad en los crímenes en la Guerra Civil), dijo en su momento Medina.