Zapatero exige responsabilidad al PP tras las denuncias de espionaje

efe. Madrid El jefe del Ejecutivo, José Luis Rodríguez Zapatero, exigió ayer "responsabilidad" al PP, pero este partido insistió en su denuncia de escuchas ilegales y reveló que su secretaria general, María Dolores de Cospedal, y su portavoz de Justicia, Federico Trillo, pueden tener los teléfonos "pinchados".
Un día después de que De Cospedal hiciera públicas las sospechas del PP de que dirigentes del partido no relacionados con los sumarios abiertos por corrupción son objeto de escuchas telefónicas ilegales, la polémica continúa.
El PSOE instó de nuevo a De Cospedal a acudir a los tribunales o "abandonar la política", dada la gravedad de la acusación, y jueces y policías negaron las acusaciones y garantizaron que en España todas las escuchas se hacen con autorización judicial.
El presidente del Gobierno, que ofreció una rueda de prensa en Lanzarote, donde se encuentra de vacaciones, no quiso analizar las palabras de la número dos del PP, pero le recordó que "afortunadamente", en España la Justicia funciona conforme a los criterios del Estado de derecho. Se limitó así a pedir a todos los dirigente populares "sentido de responsabilidad" en sus declaraciones. Pero el PP insistió y, además de los casos de De Cospedal y de Trillo, señaló al presidente Francisco Camps, como otro de los espiados.
Comparar. Su grupo parlamentario quiere que el fiscal general del Estado, Cándido Conde-Pumpido, acuda al Congreso para presentar y explicar un informe con los procesos emprendidos contra cargos populares y contra socialistas. Quieren los populares comparar los casos contra cargos del PP que "quedan en nada" con los que afectan a miembros del PSOE y de los que "no se hace ninguna clase de aspaviento público", explicó a EFE el secretario general del grupo, Luis Ayllón. Ante la actitud del PP, el secretario general del PSPV-PSOE, Jorge Alarte, acusó a su líder, Mariano Rajoy, y a Francisco Camps de ser capaces de decir "cualquier cosa para obviar el vendaval de corrupción que asuela al PP".
Las dudas, a juicio. Desde la Justicia, el vicepresidente del Consejo General del Poder Judicial, Fernando de Rosa, opinó que el PP debería poner en manos de los tribunales cualquier "duda que exista". "Yo respondo por todos los jueces de España que actúan de forma legal, y las escuchas telefónicas que hayan efectuado, desde el punto de vista judicial siempre son bajo el control de los jueces y magistrados españoles", afirmó.
Las asociaciones de jueces también pidieron a De Cospedal que pruebe de manera formal las acusaciones presentando una denuncia ante los tribunales o que rectifique sus palabras.
Para el portavoz de la asociación Jueces para la Democracia, Miguel Ángel Gimeno, hablar en los medios de un tema tan importante "es una denuncia gratuita que mancha a una institución del Estado". En la misma línea, el portavoz de la Asociación Profesional de la Magistratura, Antonio García, estimó que la referencia de De Cospedal a un "Estado policial" es de una "gravedad inusitada" y el portavoz de la Asociación de Jueces Francisco de Vitoria, Marcelino Sexmero, tachó las palabras de la dirigente de "torticeras" y "falsas".