Zapatero pide al PP compartir la política con Cuba y Venezuela

El presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, ha ofrecido al líder del PP, Mariano Rajoy, mantener una posición compartida en la relación con Venezuela, y también con Cuba, al tratarse de una política de Estado que afecta a la lucha contra ETA en el extranjero.

Zapatero ha hecho este llamamiento al consenso en política exterior en la sesión de control en el Congreso después de que Rajoy le preguntara qué medidas piensa adoptar el Gobierno tras los últimos episodios relacionados con Cuba y Venezuela.

Rajoy ha asegurado que su postura es "constructiva" pese a algunas actuaciones "incomprensibles" del Gobierno, y por ello, le ha pedido que actúe con firmeza ante Venezuela convocando a su embajador en España y en el caso de Cuba, que apoye a los disidentes y renuncie a suavizar la política de la UE con la isla.

A las exigencias del líder de la oposición, Zapatero le ha respondido: "Puede pedir usted todo lo que quiera, pero cuando se trata de buscar una política compartida de Estado, antes de pedir hay que compartir y hay que escuchar".

Zapatero ha ofrecido a Rajoy facilitarle información sobre la acción del Gobierno ante Cuba y Venezuela, pero le ha instado a ser "razonable" y a no convertir esta cuestión en un foco de enfrentamiento.

En el caso de Venezuela, ha asegurado que el Ejecutivo es el primer interesado en colaborar con la investigación abierta por el juez de la Audiencia Nacional Eloy Velasco ante los indicios de que el Gobierno de Hugo Chávez podría haber cooperado para que ETA y las FARC entablaran una alianza.

Zapatero ha dejado claro que ya sea con Venezuela o con cualquier otro país, la consigna es "no dejar un sólo espacio de apoyo, de comprensión", a la actividad de ETA y a quienes estén vinculados con la banda terrorista.

"Ha sido la norma y con buenos resultados", ha apuntado el jefe del Gobierno, quien ha añadido que esta línea de actuación ha contribuido a la actual "debilidad" de la banda terrorista.

Zapatero ha hecho hincapié en que cada vez que desde Caracas se ha hecho alguna "declaración crítica e inaceptable" contra el PP o el ex presidente del Gobierno José María Aznar, el Ejecutivo ha respondido "en los términos adecuados considerándolas no tolerables".

La última ocasión fue el pasado lunes, cuando Zapatero tildó de inaceptable que el canciller venezolano, Nicolás Maduro, vinculara al juez Velasco con la "mafia" de Aznar.

Rajoy ha declarado que la reacción del Gobierno ante las críticas "inadmisibles" de Chávez y Maduro al auto judicial fue "confusa y contradictoria".

El líder de la oposición ha exigido al ministro de Asuntos Exteriores, Miguel Ángel Moratinos, que convoque al embajador venezolano para hacerle constar por escrito la "más enérgica protesta".

"Porque si no, queda la sensación de que insultar a su Gobierno y a España es gratis", ha apostillado.

Rajoy también ha reiterado su solicitud de que Moratinos dé explicaciones en el Congreso de todas las gestiones hechas desde que se dictó el auto judicial el pasado día 1.

El propio Moratinos, en la misma sesión de control, ha reprochado al PP que "nunca" secunde las políticas de Estado del Gobierno.

En respuesta al portavoz de Exteriores del grupo popular, Gustavo de Arístegui, el ministro ha garantizado la plena colaboración con el juez para llevar a cabo su investigación sobre ETA y las FARC.

Exteriores envió el pasado lunes el auto a la embajada española en Caracas para que lo remitieran al Gobierno de Chávez, al que Moratinos le ha vuelto a pedir colaboración en este caso.

De Arístegui ha calificado de "vergonzosa" la actuación del Ejecutivo en este asunto y, en concreto, el "disparatado" comunicado conjunto divulgado por Madrid y Caracas para tratar de zanjar la crisis y reafirmar la condena a ETA.

El diputado del PP ha acusado a Moratinos de "poner en duda la legitimidad y legalidad" del auto de Velasco al no haberle defendido adecuadamente y de hacer de "abogado defensor de un régimen totalitario" como el venezolano.

Moratinos le ha pedido que en vez de criticar, apoye al Gobierno para defender a los 150.000 ciudadanos españoles que viven en Venezuela y a las empresas que tienen negocios.